El salario mínimo, la asignatura pendiente para la Europa social
Sindicatos y economistas piden un “umbral de decencia” que beneficiaría a 24 millones de europeos
OPORTO – “Es la mejor versión de Europa”. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, celebraba recientemente el compromiso social logrado en la Cumbre de Oporto. Un salto en la construcción de la UE que, sin embargo, no avanza en temas sensibles, como el salario mínimo común.
Durante los días 7 y 8 de mayo, en Oporto se multiplicaron los mensajes sobre la dimensión del paso hacia la Europa social, el estado de bienestar amenazado por las recetas de austeridad tras las crisis encadenadas en la última década. El compromiso de la cumbre respaldaba el plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales que salió de Gotemburgo en 2017.
Han sido necesarios cuatro años para avanzar con un documento que, por primera vez, compromete a la UE, a los estados miembros y a los agentes sociales. Las metas parecen más cerca, pero son ambiciosas.
Con el umbral del 2030, el bloque debe sacar a 15 millones de europeos de la pobreza; formar al 60% de los adultos y conseguir que al menos el 78% de la población activa tenga empleo, entre una veintena de propuestas. “Salimos de aquí”, dijo en la cumbre el anfitrión, el primer ministro luso, António Costa, “convencidos de dar prioridad a una recuperación justa, que no deje a nadie atrás”. “Estamos construyendo una respuesta europea a la pandemia” más rápida y solidaria, apuntaba el presidente francés, Emmanuel Macron.
“Estamos comprometidos con reducir las desigualdades, defender salarios justos, combatir la exclusión social y hacer frente a la pobreza”, afirmaban los Veintisiete en la Declaración de Oporto. Pero las políticas sociales son de ámbito nacional, no comunitario. Esta es una de las piedras en la trayectoria de esta hoja de ruta. Mientras España y Bélgica apuestan por ir más allá en la política social común, otros países se aferran a las competencias nacionales.
Es la línea de once de los 27: algunos nórdicos, con el bloque del este, Austria, Irlanda, Malta y Países Bajos.
La declaración final fue equilibrada. Los líderes se comprometieron a hacer lo posible y la Unión Europea a evaluar sus avances en el Semestre Europeo, el mecanismo comunitario para coordinar las políticas sociales y económicas.
SALARIO MÍNIMO COMÚN La Cumbre esquivó los más importantes reclamos de sindicatos y organizaciones civiles: el salario mínimo común, la jornada laboral o las prestaciones sociales. “Espero que podamos avanzar en el tema”, decía el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, preguntado sobre el salario mínimo. “Queremos subir en la agenda este tema tan importante”.
Mientras tanto, se profundiza la brecha en la zona euro: de los cerca de 1.400 euros/mes de salario mínimo en Alemania, a los 950 de España o los 665 de Portugal, uno de los más bajos. En países como Grecia, el salario medio en 2021 es inferior al de 2011.
Los sindicatos europeos y reconocidos economistas –como Thomas Piketty– reclaman un “umbral de decencia” que beneficiaría a 24 millones de europeos con salarios mínimos no inferiores al 60% del salario medio nacional y al 50% del salario medio de los Estados miembros.
Tampoco fue posible vencer las reservas de algunos socios sobre el papel de la negociación colectiva para articular las condiciones laborales.
Para evitar “agujeros negros de empleo”, sentenciaba el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Visentini, se requiere inversión y “diálogo entre el gobierno, los empleadores, los sindicatos y la sociedad civil”.
TRANSFORMACIÓN “No se trata solo de reconstruir la economía, se trata también de transformarla”, reclamaba Heinz Bierbaum, dirigente de la izquierda europea en una contracumbre convocada en Oporto bajo el lema STOP precariedad, STOP pobreza. “Reducir 15 millones de pobres no es un avance”, denunciaba Catarina Martins, del Bloque de Izquierdas luso en mismo foro. “Anunciar una rebaja de 15 millones de pobres en Europa, mientras se esconde que se mantienen más de 70 millones, es un retroceso, una resignación” agregó.
Catarina Martins, que fue socia del Gobierno socialista en la pasada legislatura, terminaba con una advertencia: “La igualdad no es un eslogan vacío, una referencia abstracta en un discurso en una cumbre”. ●