Redactado el plan para detectar amianto en locales municipales
El informe del Ayuntamiento obliga a analizar los edificios anteriores a 2002 siempre que se hagan obras
PAMPLONA – El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un plan de evaluación de la presencia de amianto en edificios municipales, un informe que señala que en la actualidad no existe riesgo para los trabajadores municipales pero obliga a analizar los edificios anteriores a 2002 siempre que se hagan obras.
En el documento han trabajado desde finales de 2019 conjuntamente las áreas de Área de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad (Proyectos y Mantenimiento de Edificios), y el Área de Servicios Generales (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales), coordinadas además con el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral para seguir sus criterios.
La identificación del amianto en edificios municipales es un proyecto extenso, tanto técnica como económicamente, ya que el Ayuntamiento de Pamplona posee más de 290 propiedades construidas o reformadas antes de la prohibición del amianto y están distribuidas en oficinas con personal propio, centros educativos, polideportivos, locales sociales, pisos, aparcamientos subterráneos o aseos, entre otros, si bien tiene también personal que desarrolla su actividad laboral en edificios que no son de propiedad municipal.
Además, el estudio pormenorizado sobre la presencia de amianto deberá ser realizado por una empresa especializada con personal técnico cualificado debidamente certificado y no ha sido hasta enero de este año cuando se ha aprobado la normativa que regula los requisitos y la metodología para la localización y diagnóstico de materiales con amianto.
DESDE 2002 Aunque hoy “no existe prácticamente ninguna posibilidad de exposición directa importante”, en los edificios anteriores a 2002 año en que se prohibió el uso de este materialsí podría haber presencia de este material, aunque de forma no accesible, señalan las mismas fuentes.
Por ello el plan prevé dos medidas, la primera de las cuales es implementar una partida presupuestaria para poder completar el estudio de exposición de amianto, con inspecciones y toma de muestras de forma que se pueda conocer la actuación exacta a realizar en cada uno de los edificios. La segunda es prever que siempre que se redacte o ejecute cualquier obra se realice un estudio pormenorizado de la existencia de amianto, valorando las posibles soluciones a adoptar.
El consistorio señala que prácticamente la totalidad de los edificios construidos o reformados entre el año 1965 y 2001 pueden contener amianto en alguna de las múltiples formas en que se colocó el fibrocemento en España. Este material fue prohibido en 2002, pero, aunque dejó de instalarse, su ciclo de vida dura entre 30 y 50 años.