La presión de ETA a los funcionarios de prisiones, a estudio
El Gobierno Vasco encarga un informe sobre la “injusta barbarie” que sufrieron estos empleados públicos
PAMPLONA – La gestión de las prisiones vascas, que el Gobierno de Iñigo Urkullu asumirá a partir del 1 de octubre, va calando poco a poco. Ayer se puso el foco en los trabajadores de los centros penitenciarios, que junto a los propios internos “son agentes activos y una parte muy importante en el proyecto que pretendemos desarrollar”, aseguró la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, durante una visita a la cárcel de Zaballa.
En dicho marco, Artolazabal depositó un ramo de flores junto a la placa en recuerdo de Máximo Casado, funcionario de la cárcel de Nanclares que fue asesinado por ETA el 22 de octubre de 2000. Un homenaje que hizo extensivo a “todo el colectivo de funcionarios de prisiones y personal laboral, quienes tuvieron que sufrir la sinrazón de la barbarie terrorista de ETA”.
La consejera anunció a su vez la puesta en marcha de un estudio para “reconocer y no olvidar el sufrimiento” y la “presión que tuvieron que soportar” estos trabajadores.
El informe será realizado por el Instituto Arrupe de la Universidad de Deusto y se espera que pueda estar listo en 2022.
Artolazabal defendió que, al igual que sucedió con otras transferencias en el pasado, “la cercanía mejorará la gestión y las propias condiciones del colectivo laboral” una vez culmine el traspaso de prisiones. Admitió las “preocupaciones” que les han trasladado los representantes sindicales del colectivo de trabajadores, que se situarán bajo el paraguas de la administración vasca, y les lanzó un mensaje de “tranquilidad”.