La UE fracasa en la renovación de la política agraria común
Los estados y el Ejecutivo comunitario se emplazan a finales de junio para volver a intentar alcanzar un acuerdo
BRUSELAS – Las instituciones europeas fracasaron esta semana en el objetivo de acordar la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027 y dejaron para finales de junio el próximo intento de cerrar el pacto. “Estuvimos muy cerca de lograr un acuerdo esta semana. No obstante, confío en que todavía lograremos un compromiso durante la presidencia portuguesa de la Unión Europea”, dijo ayer el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en Twitter.
“Queremos cerrar un acuerdo, pero no a cualquier precio”, señaló por su parte la ministra de Agricultura portuguesa, Maria do Céu Antunes, cuyo país ostenta la presidencia semestral de la UE. Pese a las maratonianas negociaciones de esta semana, por un lado entre los ministros de Agricultura en el Consejo y en paralelo en sucesivos trílogos entre los representantes de las instituciones europeas (Consejo, Comisión y Parlamento) el jueves de madrugada quedaban aún muchos puntos abiertos sobre la reforma.
El presidente de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, Norbert Lins (PPE), que forma parte de los negociadores del trílogo, se declaró en un tuit “muy decepcionado” por el hecho de que “la presidencia portuguesa del Consejo haya roto las negociaciones”. Nada más trascender las dificultades para cerrar el pacto ayer empezó a intuirse un cruce de acusaciones entre las instituciones europeas sobre la responsabilidad del fracaso. España ya daba por imposible a primera hora cerrar un acuerdo, pese a la convocatoria de un nuevo supertrílogo para limar puntos pendientes. “Aunque cualquier cosa podría pasar, los Estados miembros no están satisfechos con la propuesta del Parlamento. Probablemente hoy –por ayer– no habrá un acuerdo porque el Parlamento de hecho no está negociando”, reconocieron a Efe fuentes europeas. Los temas que abordaron esta semana las instituciones incluyeron, entre otros, el porcentaje de ayudas que se destinarán a los ecoesquemas, la manera de asegurar que las explotaciones respetan los derechos laborales de los trabajadores, la reserva de crisis o una redistribución más justa de las ayudas.