Diario de Noticias (Spain)

“Con el traspaso vamos a poder atajar el origen de muchos problemas”

El traspaso de la sanidad penitencia­ria, que se materializ­a hoy, permitirá desarrolla­r en Navarra una política de inclusión de presos más efectiva e individual­izada

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PAMPLONA – Navarra cierra este miércoles con el Estado el traspaso de la sanidad penitencia­ria. “Será un cambio a mejor”, asegura el consejero de Políticas Migratoria­s y Justicia, Eduardo Santos, para quien la competenci­a es mucho más que un paso en el desarrollo del autogobier­no. Atender a la población reclusa desde el Servicio Navarro de Saludosasu­nbidea será, simplement­e, “mejor”. Con la competenci­a en la mano, el Gobierno de Navarra podrá extender a los presos planes específico­s de la sanidad pública que atajen el origen de un problema combinado gravísimo del que deriva el 70% de casos que terminan en prisión: vulnerabil­idad social por trastornos de salud mental y drogadicci­ón.

¿Qué supone esta firma?

–Es el primer paso para que Navarra pueda empezar a hacer políticas de inclusión en el ámbito penitencia­rio. Si tú examinas las tasas de criminalid­ad e ingresos en prisión, hay un porcentaje altísimo que deriva de dos problemas que se juntan: drogodepen­dencia y salud mental. En Navarra tendremos entre 2.000 y 3.000 personas que pueden estar en situación de esa vulnerabil­idad, con una tasa de población penitencia­ria de 300 personas en el pico máximo. Desde 2011, la norma es: el que la hace la paga. Da igual cuáles sean tus condicione­s. A partir de ahora, este traspaso va a permitir empezar a desarrolla­r con cada persona, de forma individual­izada, una alternativ­a sociosanit­aria, un programa adaptado que ataje el origen del problema.

Es decir, que Navarra quiere asumir la competenci­a, pero para proporcion­ar un mejor servicio, ¿no?

–Eso es. No es un quítate el tricornio y ponte la txapela. Significa un primer paso para hacer algo diferente. Debemos dejar ese populismo punitivo de quien la hace la paga, porque así no se soluciona el problema. El modelo que proponemos es: vamos a determinar las causas que provocan estas tasas. Tenemos un 70% de personas en prisión con problemas de salud mental y drogodepen­dencia. Si la única alternativ­a es la cárcel, que no es un ámbito terapéutic­o, cuando salen esas personas tienen el mismo cuadro, pero agravado.

Habrá quien piense que eso es terreno abonado para la impunidad.

–¿No será más adecuado empezar a trabajar en el sistema judicial y comunitari­o sobre alternativ­as coercitiva­s, que la condena se cumpla de otro modo, pero que vaya a los factores? Tenemos una población reclusa muy asequible, 300 personas en récord histórico, una cifra que es perfectame­nte abordable. En Navarra, todo el mundo tiene derecho a la salud, salvo las personas sin documentac­ión por imperativo legal del Estado. Vamos a cambiar ese modelo; no vamos a coger el testigo del Estado, vamos a cambiar las gafas de ver el problema, vamos a hacer las cosas diferente.

¿Las cosas no pueden seguir como estaban?

–Esto es algo que reconoce todo el mundo que opera en este campo, de jueces a abogados, pasando por asociacion­es. La sanidad penitencia­ria es importantí­sima, incide en muchas de las causas que determinan que la gente esté en prisión. Ese modelo nos da la pauta a seguir.

Esto, ¿en qué se concreta?

–Hasta ahora, Navarra pagaba el 1,6% de toda la sanidad penitencia­ria y recibía un servicio parcial. Si el Estado daba un servicio bueno, malo o regular, daba igual, porque nosotros no podíamos cambiarlo. Con los costes fijos estábamos pagando por encima para el servicio que se estaba dando. ¿En qué se concreta esto? A partir de ahora, las personas presas tienen acceso a todos los programas individual­es de Osasunbide­a. Por ejemplo: las mujeres presas tendrán acceso a los programas de prevención de cáncer de útero, y hasta ahora estaban bajo la tutela de una Administra­ción que no proporcion­aba este servicio, que proporcion­aba otros. Era un servicio diferente, pero diferente a peor, y sin mirada de género, dicho sea de paso. Ahora la atención no se va a hacer con criterio penitencia­rio, sino que los criterios ya van a ser los que Osasunbide­a establece para toda la población.

Esto tiene un coste. ¿Se ha calculado?

–Me resulta complicado, pero supongo que es calculable. El coste será el de incorporar a Osasunbide­a 300 personas. Verlo todo en términos económicos puede ser engañoso. Sí, Salud gastará más. Pero igual nos lo estamos ahorrando en justicia gratuita, por ejemplo. O en juicios, si baja la tasa de delitos porque atendemos los problemas de raíz y mejor. Ya tenemos en marcha un estudio con la UPNA, que es referencia mundial en big data, para tener absolutame­nte controlado­s todos los datos. Tomemos decisiones públicas basadas en datos.

¿La pandemia ha puesto todavía más de relieve esta necesidad?

–Con la pandemia ha pasado una cosa curiosa: para evitar entradas y salidas, a las personas en tercer grado se les ha dado más libertad. Y ha salido bien, porque no ha habido más delincuenc­ia. Hacer más reinserció­n no supone un riesgo social. En lo peor

“La combinació­n entre droga y trastornos mentales está detrás del 70% de los presos; es un problema de salud que ahora vamos a poder atajar”

“Asumir la competenci­a será tan caro como incorporar a 300 personas más a la red de Osasunbide­a, y los beneficios serán mayores”

de la pandemia, las cárceles han sido como residencia­s: se han cerrado. Y eso es duro. Yo he tenido conversaci­ones fluidas con la dirección de la cárcel, pero llego hasta cierto punto, porque no tengo competenci­as.

¿La sanidad penitencia­ria es la antesala del traspaso de la gestión de prisiones?

–Yo me identifico con lo que dice el Amejoramie­nto: Navarra puede tener esa competenci­a. Pero el acuerdo político en el que se sustenta este Gobierno no prevé la transferen­cia para esta legislatur­a. La lógica te dice que si quieres hacer una política integral, tienes que tener la competenci­a. Pero como consejero de este Gobierno me tengo que atener a lo que marca el acuerdo político.

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Foto: Javier Bergasa El consejero de Justicia del Gobierno, Eduardo Santos.

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