El criterio de la Fiscalía y la responsabilidad de España

El juicio a Ghali es posible porque en 2014 el fiscal consideró que el Estado sigue siendo “de iure” potencia administradora

BILBAO – Las dos causas contra el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, que han prosperado pese a la reforma que limitó la justicia universal en 2014, señalan directamente a la responsabilidad del Estado español en el conflicto provocado en el proceso inconcluso de la descolonización del Sáhara. De hecho, aunque una de las causas por las que Gali declaró ayer ante la Audiencia Nacional se sustenta en el hecho de que el líder del Polisario

se halla en España, es la primera de ellas, la que se dirigió contra 28 miembros del Frente Polisario por el trato que dieron en los campamentos de Tindouf (Argelia) a prisioneros de guerra y ciudadanos saharauis. una de las pocas que sobrevivieron en 2014 al recorte de la justicia universal, al aplicar el entonces juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el principio de territorialidad y afirmar que el Sahara era entonces territorio español.

Ruz seguía el criterio de la Fiscalía, que consideraba que legalmente el Sahara sigue siendo español, ya que en 1965 España, con su ingreso en la ONU, asumió que era su potencia administradora, una condición que reiteró en la ley de descolonización del Sahara de 1975. “En definitiva España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora”, decía el fiscal, y hasta que finalice el periodo de la descolonización, añadía, debe actuar como tal de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas.

Así, mientras que Ruz consideró que los hechos denunciados en 2012 se pueden juzgar en España porque se cometieron en territorio español, evitando así tener que recurrir a la justicia universal, el juez Pedraz afirmó en 2020 que puede investigar los de 2019 porque cumplen con lo estipulado con la ley reformada por el PP que permite investigar delitos de tortura cometidos fuera del país si la víctima es española y el autor se encuentra en España, cosa que se cumpliría en este caso: la querella la interpuso un activista español de origen saharaui, Fadel Mihdi Breica, que se querelló contra Gali y otros miembros del Polisario por presuntas torturas.