Bandazo caciquil

La imposición del Gobierno central del proceso de desescalada y las medidas del mismo vuelve a ser un lamentable ejercicio de imposición recentralizadora y un bandazo en una estrategia errática

En el clásico juego de dar una de cal y otra de arena que caracteriza a los gobiernos del Estado en relación a su respeto a la realidad descentralizada del modelo autonómico, el Ejecutivo de Pedro Sánchez suma ya demasiadas de arena. La gestión, y de facto imposición, del modelo de desescalada y medidas de control de la pandemia ejecutada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos reproduce una irritante y peligrosa deriva recentralizadora, por mucho que se disfrace de decisión consensuada con las autonomías que presiden los socialistas. Amparándose en las diez comunidades que preside o cogobierna, Navarra entre ellas, el Consejo Interterritorial del miércoles se limitó a aprobar una estrategia unilateral, no consensuada ni justificada con criterios técnicos o sanitarios e invasora de la gobernanza autonómica en base a prioridades ajenas a la realidad competencial y sanitaria de las autonomías. El conflicto está servido por la pretensión del cumplimiento obligado de las mismas que con insistencia reitera la ministra Carolina Darias. Pero lo más sangrante del problema, con ser grave, ni siquiera es esa invasión competencial. Lo más preocupante vuelve a ser la estrategia errática de la gestión de la pandemia que parece de nuevo sometida a otras prioridades diferentes de la eficacia sanitaria y la seguridad pública. El Gobierno de Sánchez ya decidió por su propia conveniencia suspender radicalmente la estrategia de cobertura jurídica a las medidas de control de la pandemia al suspender el estado de alarma por intereses políticos de corto plazo. No asumir el coste de un debate parlamentario que visibilizara su dependencia aritmética de los partidos soberanistas en plena campaña madrileña fue su prioridad. Lejos de ser consecuente y dotar de estabilidad a esa decisión mediante la cobertura jurídica alternativa, se puso de perfil dejando en manos de los tribunales el margen de maniobra de los gobiernos autonómicos, con el consiguiente desequilibrio en sus posibilidades de implantar medidas que son autorizadas en un territorio y suspendidas en otro. En este contexto, llega el enésimo bandazo en la estrategia al imponer unas medidas sin análisis compartido con los gobiernos que deben aplicarlas, sin consenso ni valoración sobre su alcance y, nuevamente, priorizando la reactivación del turismo de cara al verano. Caciquil y, lo que es peor, aleatorio. ●