Coronavirus, otro lío

La gestión política de la pandemia del coronavirus es una suma de líos y de confusión. El miércoles aterrizó en Navarra la ministra de Sanidad Carolina Darias para presidir desde aquí el llamado Consejo Interterritorial, el órgano que agrupa a las comunidades y al Estado en la toma de decisiones sobre la pandemia, y de esa reunión salió como resultado otro follón político. El consejo aprobó una serie de medidas para la desescalada de la crisis sanitaria a lo largo del verano que, según la ministra Darias, son de obligado cumplimiento para el conjunto, pero aun así seis comunidades se opusieron a las medidas o al carácter obligatorio de esa hoja de ruta impulsada desde el Gobierno central: Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia, las cuatro con gobiernos del PP, y Catalunya y la CAV. Madrid, en esa confrontación permanente que mantiene Díaz Ayuso con el Gobierno de Sánchez, ya ha anunciado que no va a cumplir con las restricciones aprobadas. En el caso de la CAV, el Gobierno de Vitoria denuncia que se invaden competencias propias, contradicen medidas ya adoptadas en sus territorios y no tienen en cuenta una vez más la desigual evolución de la pandemia en los diferentes territorios. Navarra mantuvo la posición habitual en esta crisis sanitaria de seguir las instrucciones que emanan de Madrid, pese a la que la presidenta socialista Chivite insiste en que la comunidad mantiene una estrategia propia. No sé si por bien o por mal, pero silencio político en medio del jaleo parlamentario habitual en la Cámara foral. En todo caso, desde el punto de vista de la defensa del autogobierno foral, es cierto que sin el estado de alarma como cobertura legal, la imposición de medidas que afectan a competencias propias –restricciones, horarios...– es más que cuestionable. Supone de hecho que el Gobierno central asume competencias forales sin un aval que le otorgue ese derecho. Precisamente lo contrario a lo que ha venido diciendo hasta ahora el Tribunal Supremo: que la obligatoriedad común de cumplir con las decisiones del Consejo Interterritorial estaba avalada por el instrumento legal del estado de alarma, medida que ya ha desaparecido. Y el Gobierno de Navarra debería también al menos analizar esa confrontación de intereses políticos que pueden afectar a las capacidades políticas propias de la Comunidad Foral. No parece una cuestión menor, no sólo ahora, sino como modelo de actuación centralista a futuro. A los ministros cuando viajan a provincias les gusta traer en la cartera ministerial buenas noticias, repartir alegrías como Olentzero. En este caso, la ministra Darias traía noticias positivas con el argumento de la desescalada veraniega debajo del brazo, pero la confusa comunicación o el ansia de protagonizar las buenas noticias ha encallado en otro barullo político. Al menos el otro ministro que le acompañó en el periplo navarro del miércoles, Miquel Iceta, de Política Territorial, se trajo en la cartera el traspaso de la competencia de sanidad penitenciaria, con casi cuatro décadas de retraso. Es una transferencia menor que ya gestionan desde hace años la CAV y Catalunya, pero es un paso al menos. Del traspaso de las competencias en exclusiva de Tráfico y Seguridad Vial a la Policía Foral, de momento solo retraso y más espera. ●