Las cautelas de Bruselas sobre la economía española
La Comisión Europea ha presentado las conclusiones de primavera del Semestre europeo, el examen que Bruselas somete a las economías de los 27. La primera decisión relevante es que se permite a los Estados miembros seguir incumpliendo los objetivos de déficit y de deuda excesivos. Es decir, dadas las circunstancias de crisis generadas por la pandemia, pueden seguir empleándose las medidas keynesianas de impulso público del crecimiento. El análisis muestra que solo Bulgaria, Dinamarca y Suecia cumplen el criterio de déficit y todos los demás lo incumplen. Trece Estados miembros (Bélgica, Alemania, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Hungría, Austria, Portugal, Eslovenia y Finlandia) tampoco cumplen el criterio de deuda. Además, la Comisión ha detectado vulnerabilidades macroeconómicas por desequilibrios en doce Estados. Tres de ellos siguen registrando desequilibrios excesivos (Chipre, Grecia e Italia) y otros nueve experimentan desequilibrios (Alemania, Croacia, España, Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia). Notas malas para todos, pero con recomendaciones distintas para quienes más preocupan. De España, la Comisión señala que experimentó una fuerte recesión económica en
2020 (-10,8%) y que sigue inmersa en un proceso de alta incertidumbre. Se espera un repunte inicial en el segundo trimestre del año y de forma importante en el segundo semestre. En general, se prevé que el PIB crezca 5,9% en 2021. Pero, en general, todas las esperanzas se cifran en la implementación del
Plan de Recuperación y Resiliencia, es decir en los fondos europeos del Next Generation EU, a pesar de que se reconoce que el ahorro privado de los españoles acumulado durante los meses de movilidad restringida, ayudará también de forma tímida a potenciar el consumo y la demanda interna. Sobre los excesos en déficit y deuda, Bruselas cree que “si bien el coste fiscal ha sido considerable, las políticas gubernamentales han mitigado el impacto a corto plazo de la pandemia y los efectos de cicatrices permanentes que habrían socavado la sostenibilidad a largo plazo”.
En el examen de la Comisión llama la atención el énfasis que se pone en la deuda generada por la caída del sector inmobiliario en la crisis anterior y la gestión del SAREB. Se señala que la banca ha aguantado la crisis del covid-19 mucho mejor que en episodios de crisis anteriores, beneficiándose de una mejor calidad de activos, posición de capitalización y liquidez. La moratoria voluntaria otorgada por los bancos y los esquemas de garantía pública han evitado el deterioro en la calidad de los activos y ha facilitado el flujo de crédito a la economía. La actividad crediticia ha sido principalmente apoyada por la expansión del crédito a las sociedades no financieras, eso sí, gracias al respaldo de las garantías estatales. Sin embargo, se pone de manifiesto la losa que sigue significando para la economía española la deuda del SAREB, la sociedad pública de gestión de los activos inmobiliarios basura. Una herencia del pasado que requiere decisiones inmediatas.
Según la Comisión Europea, España conserva la capacidad de atender su deuda del MEDE. La resiliencia de la economía y las finanzas españolas antes de sacudirnos la crisis del covid y el apoyo del Eurosistema, nos ha mantenido a flote. Pero como ya venía haciendo desde hace tres años, Bruselas insiste en la necesidad de acometer reformas estructurales. Y todo ello, para que los fondos europeos apuntalen la transformación y las transiciones gemelas verde y digital. Eso sí, concede barra libre hasta 2023, pues, enfatiza que “la política fiscal debe seguir siendo de apoyo en 2021 y 2022” y llama a los Estados “a evitar una retirada prematura del apoyo y hacer un uso completo de la financiación de los fondos europeos”. ●