Necesidad de gestión penitenciaria integral
Hemos asistido en los últimos días al espectáculo de un acto político al que se ha denominado transferencia y que se ha vestido o disfrazado de la primera que se realizaba en 20 años. Me refiero a la asunción formal de la asistencia sanitaria en la prisión de Pamplona por parte del Gobierno de Navarra.
Reconociendo de entrada la importancia de dicha asistencia, quiero matizar, sin embargo, que no solo no constituye una transferencia en el riguroso concepto jurídico, sino que puede suponer la degradación de dicho concepto. Navarra ha perdido la oportunidad de reclamar la gestión de la política penitenciaria en sus propios términos y en todo su contenido. Dicha reclamación era más que pertinente por múltiples razones; la primera, porque conviene a las presas y presos y a toda la sociedad; la segunda, porque se ha efectuado una transferencia a otra comunidad autónoma contigua, que es la Comunidad Autónoma Vasca, que no tenía más razones ni argumentos que los que tiene Navarra; una tercera razón, es que es la previsión de la Lorafna o Amejoramiento, que lleva más de 30 años sin cumplirse.
La cuestión es que la transferencia solo de la asistencia sanitaria se ha querido vestir como si fuese un logro, cuando en realidad es mucho menos de lo que debería haberse conseguido y puede resultar una mala excusa para no efectuar la verdadera transferencia. Es evidente que la errática e incoherente actitud política de la derecha navarra ahora disfrazada de Navarra Suma, no ayuda en la materia. Durante muchos años la teoría de UPN, infinidad de veces expresada, era la de que cuando el Estado construyese la cárcel, se podría reivindicar la transferencia, pero el tiempo ha demostrado que se trataba de una excusa. También merece ser recordado que en la inauguración del actual centro penitenciario, cuando acudió el entonces ministro y ahora investigado señor Fernández, se tuvo que soportar la infame vergüenza de que las únicas medidas sugeridas al más alto nivel político fueran la de cerrar la piscina y quitar las televisiones a los internos.
No obstante la necesidad y la conveniencia de la transferencia siguen estando pendientes de cumplimiento. El objetivo humano y la obligación social fundamental para con las internas e internos que es la reinserción, constituye, no solo el fundamental objetivo de la política penitenciaria, sino también la estrategia más efectiva a largo plazo de luchar contra el delito. ¡Qué lejos queda de la repetida mención de la prisión como venganza aquel “desideratum” de las ideologías del siglo XIX, de “odio al delito pero respeto al delincuente”! El vendedor de bolígrafos y ahora ministro Miquel Iceta ensalzó la mal llamada transferencia de atención sanitaria penitenciaria para disimular en realidad que lo que se estaba haciendo era sobre todo una acción propagandística. La reinserción, si se ha de hacer en serio, necesita de la asistencia sanitaria; cierto. Pero no basta con la competencia en asistencia sanitaria para poder desarrollar un plan lógico, coherente y honrado de reinserción. La derecha navarra nunca tuvo ganas de asumir esta competencia, tal como lo demuestran sus falsas excusas históricas. Les parecía, y seguramente les sigue pareciendo, un quehacer poco brillante o vaya usted a saber… Pero la actitud de los actuales mandamases de Navarra no es coherente ni positiva con la recuperación y traspaso de competencias que Navarra necesita en serio.
De hecho, hay un precedente lamentable que afecta a la competencia más importante de las pendientes de transferir, que es la gestión económica de la Seguridad Social. Para dificultar dicha transferencia completa, el Estado ofertó tanto a la CAV como a la CFN la transferencia de las políticas activas de empleo. No era una oferta satisfactoria y concretamente el Gobierno de Ibarretxe no la aceptó, pero el Gobierno de Sanz sí lo hizo. Algunos años más tarde, durante el Gobierno de Patxi López en la CAV, Urkullu desde la oposición negoció y vistió como una logra, lo que algunos años antes había parecido insatisfactorio. Ahora ambas comunidades tienen la competencia de “políticas activas de empleo”, aunque en muchos casos sea solo nominalmente. ¿Ayuda dialécticamente esta situación en la reivindicación de la gestión económica de la Seguridad Social? Obviamente no. También es cierto que se suele plantear la cuestión de la “caja única”, lo cual también no constituye más que otra artimaña dialéctica, pero ese tema es algo que merece capítulo aparte.
En suma, el Gobierno de María Chivite, además de sus déficits en política lingüística y social, suma este insuficiente. Y van. ●
El autor es abogado