Una vocal del CGPJ denuncia los “privilegios” de la Fundación Franco

Defiende que la Ley de Memoria Democrática ni es imprecisa ni afecta a la libertad de expresión

PAMPLONA – El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática “merece una valoración positiva” y supone “un avance notable en el reconocimiento de los derechos” de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Así lo afirma una vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su voto particular discrepante al informe aprobado el lunes por este órgano y que supone un duro varapalo a la iniciativa que pretende sustituir a la Ley de Memoria Histórica de 2007.

En su último Pleno, el CGPJ sometió a votación el informe elaborado por dos de sus miembros sobre el anteproyecto de ley, y que prácticamente lo tumba punto por punto. Fue aprobado por 15 votos a favor y seis en contra, lo que supuso otros tantos votos particulares discrepantes. Es el caso de María Concepción Sáez Rodríguez, que se muestra a favor de las causas de extinción de las fundaciones franquistas.

En su escrito, esta vocal progresista denuncia que entidades como la Fundación Francisco Franco “disfrutan de un estatuto jurídico singular y privilegiado cuya única justificación es el servicio a un interés general”. Sáez consideró que la autorización o extinción de una fundación “son ajenas al derecho individual de sus patronos o cargos directivos a la libertad de conciencia y a la libre expresión de sus opiniones”.

En su voto discrepante, defiende que el embrión de la Ley de Memoria Democrática “ni es impreciso ni afecta a la libertad ideológica y de expresión”. Expresa por ello su “disconformidad” con el informe aprobado por el Pleno del CGPJ, que no tiene un carácter vinculante, por lo que Moncloa puede seguir adelante con la tramitación de la nueva ley.

Sáez sigue cargando y expresa su “perplejidad” por el hecho de que afirme que la redacción del anteproyecto puede dar lugar a una “tutela asimétrica” entre las víctimas. Alegó que “de eso se trata precisamente, de proteger a las víctimas y sus familiares reforzadamente frente a quienes no requieren de tal amparo sencillamente porque no son víctimas”.

La propia elaboración del informe del CGPJ fue accidentada, ya que solo fue posible tras sustituir a los dos vocales designados inicialmente, ya que sus diferencias paralizaron el pronunciamiento del órgano judicial. Concepción Sáez enumera aspectos positivos del anteproyecto, como la atribución de un rol activo al Estado en materia de exhumaciones; la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos y de un Banco Estatal de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura; y la retirada de elementos contrarios a la memoria democrática, salvo cuando “concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por ley”.