Estatuto de Estella, noventa años
Tras el fracaso del movimiento autonomista de 1918 (en el que en Navarra en la Asamblea de Pamplona de 30 de diciembre de ese año el nacionalismo vasco se quedó solo en la defensa de la derogación de la Ley de 25 de octubre de 1839 mientras el carlismo oficialista se unía a la derecha conservadora en contra de sus bases más radicales que defendieron un reintegracionismo purista imposible de aceptar a esas alturas del siglo XX), el proceso estatutario de 1931-1932 fue el siguiente intento de aumentar el autogobierno de los territorios de Euskal Herria. La reivindicación se alejaba ahora de los parámetros reintegracionistas y planteaba la elaboración y aprobación aquí de un texto estatutario a la moderna que sería luego examinado por el Parlamento de Madrid, todo ello con unos tiempos paralelos al estatuto catalán, avalado este por las promesas del Pacto de San Sebastián, y con el problema del encaje con la nueva Constitución que se aprobaría meses después. El desarrollo de ese proceso fracasaría en las dos vías por las que circuló en 1931: una culminada en la Asamblea de Estella de 14 de junio impulsada por el carlismo y el nacionalismo vasco, unidos entonces en la coalición católico-fuerista; otra, culminada en Navarra en la Asamblea de Pamplona de 10 de agosto, impulsada por las comisiones gestoras republicanas de las Diputaciones. Posteriormente, el proceso avanzaría a partir de diciembre de 1931 a partir del acuerdo entre el PNV y el gobierno republicano. previa la aceptación de la Constitución ya aprobada por parte de aquel, fracasando de nuevo en la Asamblea de Pamplona de junio de 1932.
Como antesala, desde abril operó el movimiento de los alcaldes, dirigido por nacionalistas allí donde eran mayoría o incluso por la derecha tradicionalista, como reacción ante el terreno perdido en las elecciones municipales ante la izquierda. El movimiento de los alcaldes encargó a Eusko Ikaskuntza-sociedad de Estudios Vascos la redacción del proyecto estatutario. Esta entidad presentó el texto, elaborado por políticos de todas las tendencias, a ayuntamientos y Diputaciones el 31 de mayo. No obstante, días antes se había escenificado el desencuentro entre republicanos y socialistas, por un lado, y nacionalistas y tradicionalistas, por otro. Además, mientras las Comisiones Gestoras de las Diputaciones afirmaron su idea de protagonizar el proceso, los alcaldes rechazaron su intervención. La posibilidad de que el texto fuera asumido por todas las fuerzas políticas acabaría por difuminarse del todo cuando en los primeros días de junio las enmiendas de nacionalistas y tradicionalistas modificaron el proyecto y lo transformaron en otro de imposible aceptación por las izquierdas. Entre esas enmiendas estaban, además de la famosa enmienda concordataria, la elevación de 2 a 10 años del plazo de residencia para poder ejercer derechos políticos, y la insistencia del PNV en la soberanía del pueblo vasco y en una concepción cuasi-confederal del Estado español.
La Asamblea de Estella de 14 de junio de 1931, de la que ahora se cumplen 90 años, debatió ese proyecto de Eusko Ikaskuntza con esas enmiendas de nacionalistas y tradicionalistas. La Asamblea originalmente iba a ser en Pamplona, pero fue trasladada a la ciudad del Ega para no coincidir con el mitin católico que iba a celebrarse en la capital navarra, lo que mostraba que los carlistas anteponían la religión a la autonomía. En esa Asamblea estuvieron 427 ayuntamientos de un total de 548, que sumaban la mitad de la población. Faltaron las cuatro capitales y muchos municipios importantes controlados por la izquierda, entre ellos todos los de la Ribera. En esa reunión se aprobaron, además, varias enmiendas añadidas: supresión de alusiones al Parlaespañol y a la Constitución de la República; domicilio de la Comisión Ejecutiva en Pamplona en vez de en Vitoria; iniciativa del proceso estatutario y del concierto por parte de los ayuntamientos. Paralelamente, el proceso estatutario conducido por las Gestoras siguió su curso.
Los alcaldes de los municipios gobernados por la izquierda se reunieron varias veces y el 21 de junio las cuatro Comisiones Gestoras aprobaron el Estatuto de Eusko Ikaskuntza con modificaciones. Además, la Gestora de Navarra preparó un texto ligeramente distinto de Estatuto Vasco-navarro, obra de una ponencia que elaboró, además, un proyecto de Estatuto Navarro y una Constitución Política Interior para Navarra. A finales de julio y principios de agosto tendrían lugar diversas asambleas comarcales de representantes municipales, aprobándose en todas ellas el Estatuto Vasco-navarro con las enmiendas del Estatuto de Estella por amplísima mayoría en general, menos en Tudela y Pamplona donde fueron desechadas. Finalmente, el 10 de agosto en Pamplona 223 ayuntamientos (que sumaban 304.351 habitantes), se posicionaron a favor del Estatuto Vasco-navarro, mientras que 3 (con 2.808 habitantes) votaban a favor del Estatuto Navarro y 15 (con 30.290 habitantes) expresaban no querer ningún estatuto. Diecisiete municipios no asistieron. Con todo, aquí también surgiría el enfrentamiento al aprobarse por la tarde (con 172.026 votos contra 147.977) una enmienda con una cláusula que reservaba al Estado Vasco las relaciones con el Vaticano. En cuanto a si en el referéndum
La Asamblea de Estella de 14 de junio de 1931, de la que ahora se cumplen 90 años, debatió ese proyecto de Eusko Ikaskuntza con esas enmiendas de nacionalistas y tradicionalistas
Finalmente, el 10 de agosto en Pamplona, 223 ayuntamientos se posicionaron a favor del Estatuto Vasco-navarro, mientras que 3 votaban a favor del Estatuto Navarro
debían de votarse las enmiendas aprobadas, también se decidió que del Estatuto formaban parte ya las enmiendas aprobadas que pasaban a denominarse de Pamplona y que en el referéndum solo habría dos opciones: sí o no.
Todo ello no serviría para nada. El 22 de septiembre 427 alcaldes entregaron el texto de Estella al presidente del Gobierno provisional, Alcalá-zamora, quien tres días más tarde presentaba una enmienda al proyecto constitucional sobre las relaciones con el Vaticano, convirtiendo a aquel en contrario al mismo. Ese viaje fue desautorizado por la Comisión Gestora de Navarra porque no se había efectuado el plebiscito que los mismos ayuntamientos habían acordado previamente para la aprobación definitiva del Estatuto. Además, el viaje ocurrió en el peor momento, cuando las tensiones entre las izquierdas y los católico-fueristas llegaron a su máxima expresión.
El rechazo de las Cortes constituyentes al Estatuto común no puso punto final a la iniciativa estatutaria gracias a las iniciativas de republicanos y socialistas que desembocarían en el decreto de 8 de diciembre, redactado por Indalecio Prieto, tras las negociaciones entre el PNV y el gobierno republicano y que implicaban un cambio de parejas en el baile estatutario con la aceptación de aquel del marco republicano y su alejamiento definitivo del resto de la coalición católicofuerista. Otra fase, la definitiva, echaba a andar, si bien también finalmente quedaría truncada en junio de 1932 por la defección, sobre todo, de la derecha no nacionalista. ●