Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional
En ocasiones, la idea de España que prevalece en los poderes democráticos y la que podemos observar en el funcionamiento de algunas de las administraciones públicas dependientes de ellos difieren algo.
Fundamentalmente sucede eso con el Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional. Quienes hemos pasado por alguna de estas instituciones (en mi caso simplemente para cumplir el servicio militar), hay una cosa que aprendemos con rapidez: a marcar el paso. Además, con buena música, resulta agradable. En el Regimiento de Infantería Motorizable Pavía nº 19 lo hacíamos frecuentemente con los sones de una marcha magnífica. Tiempo después supe que se trataba de Heroína, compuesta por el músico militar Feliciano Ponsa Riutort (1881-1967). Un aspecto en el que las tres instituciones aludidas van con el paso cambiado es el referente a los demás idiomas de España. Resulta preciso recordar que la consideración hacia ellos se modificó drásticamente a lo largo del siglo XX. Una disposición publicada en el Boletín Oficial del 26 de mayo de 1937, en plena guerra civil, por el gobierno de Franco, establecía: “1º) Queda terminantemente prohibido el uso de otro idioma que no sea el castellano en los títulos, razones sociales, Estatutos, Reglamentos...” aunque previamente matiza: “...hecho éste que no pugna con el respeto que pueda merecer el uso de dialectos en las relaciones familiares privadas...”. Pero si el euskera (que es al que se refiere específicamente la norma), debía quedar relegado al hogar, no es de extrañar que parte de la población creyera que había sido prohibido.
Con el restablecimiento de la democracia hubo un giro radical en la materia. El artículo 3.2 de la Constitución establece: “Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Por ello, el gallego, catalán, valenciano o vascuence tienen hoy una consideración totalmente diferente. Además, en líneas generales, el bilingüismo funciona bien. Quien pasee por las calles de Pamplona / Iruña, podrá comprobar que en las placas y carteles existentes en las fachadas de los edificios de las distintas administraciones pública, se utilizan tanto el castellano como el vasco. Sucede esto en el Parlamento, en las diversas dependencias del Gobierno de Navarra y Ayuntamiento (incluidas Policía Foral y Policía Municipal), Delegación del Gobierno, Palacio de Justicia o Mancomunidad. Hay tres excepciones: Guardia Civil, Policía Nacional y Ejército (llama la atención que en la placa de la Comandancia Militar, situada en la calle General Chinchilla nº 12, figure un escudo de Navarra con la Cruz Laureada de San Fernando concedida por el dictador el año 1937. Que yo sepa, en la última existente en la fachada de un edificio público). Pero nuestra ciudad no es un caso aparte. Desgraciadamente, ese tratamiento al resto de las lenguas de España puede observarse también en las demás comunidades autónomas que tienen un régimen bilingüe.
Donde ha habido dictaduras profundamente implantadas, las fuerzas armadas y policiales no pueden después regenerarse por sí solas. Es preciso que la sociedad actúe de forma constante. Alemania tras 1945 o los países del antiguo bloque soviético con posterioridad son un ejemplo. Pero también en las democracias consolidadas conviene insistir en la pedagogía básica. Un presidente de Francia lo hizo hace pocos años, al asegurar algo así como que: “El Ejército no es de derechas, ni de izquierdas, ni de centro: es francés”. Es decir, neutral.
En el caso de España no hubo depuración alguna. Alguien que a principios de los años setenta (cuando Franco estaba en el poder) ingresara en los cuerpos policiales, estaba colaborando para proteger a la dictadura. Es posible que tres décadas más tarde ocupara un cargo en la jefatura del cuerpo. Tal vez a lo largo de ese tiempo hubiera evolucionado personalmente y aprendiese a respetar la voluntad de los españoles. Pero puede también que eso no sucediera y que durante todos esos años ejerciera una influencia perniciosa.
Los actuales integrantes del Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional ingresaron durante el periodo democrático. Por eso no se les pueden imputar cargas del pasado. Cada uno de ellos podrá tener las ideas políticas que quiera e incluso, una vez que se retire y si lo desea, presentarse a unas elecciones en las listas de un partimento
do. Pero ante todo son funcionarios y deben respetar las normas. El Ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional no pueden tener una visión particular de España. En los países democráticos la imagen de la nación surge de las instituciones elegidas por los ciudadanos. Los uniformados deben mantener la neutralidad política. El no hacerlo ha ocasionado grandes males en nuestra historia, desde inicios del siglo XIX hasta 1981.
De paso, cabe hacer notar que a bastantes guardias civiles que trabajan en las zonas vascoparlantes, se les nota esa necesidad de sentir una mutua empatía con la población, de ser aceptados como uno más. Tras la derrota de ETA, no se percibe ya la antigua tensión en el ambiente. Pero aún forman un espacio que no se mezcla con la mayoría de la sociedad. Tendamos puentes. Hay que tener una democracia avanzada, con unas Fuerzas de Orden Público a su altura. En este contexto, la cuestión lingüística tiene su importancia.
El Ejército, Guardia Civil y Policía Nacional deben estar alineados con las instituciones elegidas por los ciudadanos, marcando el paso establecido por éstas en todos los ámbitos. ●