Memorias corcho
Es lo que tiene el corcho, que aunque lo sumerjas una y mil veces en agua, siempre vuelve a salir a flote. Obedece así al principio de Arquímedes, ése que habla de la fuerza que empuja a los cuerpos sumergidos a emerger. Algo que sucede también con la memoria histórica, pues aunque la hundas en lo más profundo del océano de los silencios y el olvido, siempre termina por salir de nuevo a la superficie. Es inevitable.
El pasado 1 de junio se inauguró en Gasteiz el Memorial de Víctimas del Terrorismo. Los reyes Felipe y Letizia, el presidente Pedro Sánchez, su primer espada policial, Grande Marlaska, alias no-sabe-no-contesta en casos de tortura, así como un selecto cortejo institucional, aportaron brillantez al acto. Previamente se habían trucado fechas e invisibilizado cuantos crímenes fueron necesarios a fin de que su discurso no chirriara.
El terrorismo recogido en el Memorial partía del año 1960. De lo sucedido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1959, hacía mutis por el foro. Para colmo del descaro, y a pesar de ubicarse en Gasteiz, éste no prestaba espacio alguno a la matanza policial del 3 de marzo de 1976 ocurrida en esa ciudad: cinco muertos, decenas de personas heridas de bala, varios cientos atendidos en centros hospitalarios…
Pocos días después de la inauguración, distintos corchos memorialistas salían de nuevo a flote. El 4 de junio, arropada por un amplio espectro político y social (escritores, actores, juristas, catedráticos, expolíticos del PP y del PSOE, dos exlehendakaris vascos…), Pili Zabala, hermana de José Ignacio Zabala, secuestrado por los GAL, torturado por la guardia civil y asesinado y enterrado en cal viva, presentó en Madrid la plataforma B-egiaz. La Audiencia Nacional se había negado previamente a investigar los crímenes del GAL, así como el papel de Felipe González y su gobierno en la creación y actividades de este grupo. A pesar de ello, la verdad tantas veces sepultada por el Gobierno y la Judicatura volvía a emerger con fuerza gracias a esta iniciativa.
Un día más tarde, el 5 de junio, en Donostia, varios cientos de personas recordaron a la joven Gladys del Estal, muerta en Tudela, en 1979, por un disparo a bocajarro en la nuca hecho por un guardia civil cuando participaba en una pacífica sentada antinuclear. Su autor fue condenado a 18 meses de cárcel por una “acción de omisión negligente no maliciosa”, de los que solo cumplió una parte. Poco después sería condecorado por el Gobierno de UCD con la Cruz del Mérito de la Guardia Civil y, más adelante, en 1992, el Gobierno de Felipe González le concedería la Cruz del Mérito Militar. Tampoco Gladys tendrá espacio alguno en el Memorial.
Dos días después, el 7 de mayo, la familia de Mª José Bravo, joven de 16 años violada y asesinada en Donostia hace 41 años, recordó y denunció aquel crimen olvidado, que fue reivindicado en su día por el Batallón Vasco-español (BVE). A su novio, Fco. Javier Rueda, de la misma edad, le hundieron el cráneo a golpes y le tiraron por un barranco. Falleció ocho años después debido a las graves heridas que sufrió. Su familia quiso investigar lo sucedido pero, según afirmó, “el Gobierno Civil se deshizo de todas las pruebas. No se pudo investigar nada, desapareció la ropa, desapareció todo”. El Gobierno tampoco los ha reconocido como víctimas de terrorismo alguno. En resumen, tan solo una semana tras la inauguración del Memorial, los cuatro casos mencionados afloraban a la superficie poniendo en evidencia que la violencia del Estado y su terrorismo no tienen reflejo en la política memorialista del Gobierno. Son ejemplos tan solo. En Euskal Herria, casos similares abundan en el calendario. La plataforma Memoria Osoa, integrada por un par de decenas de grupos memorialistas vascos, denunció el día de la inauguración del Memorial su carácter excluyente y discriminatorio, pues “deja fuera a miles de víctimas de la violencia provocada por los aparatos del Estado”. Nos recordó que sigue habiendo dos varas de medir, dos clases de víctimas.
Los pasos dados hasta hoy por los gobiernos centrales en materia de memoria histórica han sido adoptados a la defensiva, buscando frenar así las exigencias de un movimiento memorialista que cada vez iba contando con más fuerza social, mediática, política e incluso institucional (autonomías, ayuntamientos…). Las políticas oficiales de memoria han sido, y siguen siendo, parcas, timoratas e interesadas, pues las verdades incómodas (torturas, victimarios,..) se siguen silenciando y cubriendo con paladas de desmemoria.
Las puertas de la Justicia siguen cerradas
Previamente se habían trucado fechas e invisibilizado cuantos crímenes fueron necesarios a fin de que su discurso no chirriara
Las puertas de la Justicia siguen cerradas a cal y canto y la política de reparación es parcial y, básicamente, de carácter simbólico-mediática