El Ejecutivo respalda las indemnizaciones a las otras víctimas
La Comisión de Reconocimiento y Reparación podría comenzar sus primeros trabajos a partir de septiembre
PAMPLONA – El Gobierno de Navarra mostró ayer su apoyo a la ley que reconoce las indemnizaciones a las víctimas de la violencia policial y del Estado. La reforma se encuentra en trámite en el Parlamento y cuenta con el apoyo de todos los grupos que sostienen al Ejecutivo foral, por lo que su aprobación está garantizada.
En concreto, Navarra prevé indemnizará a las otras víctimas de la violencia con las mismas cantidades que las víctimas del terrorismo. Serán 250.000 euros por fallecimiento, 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica.
La nueva ley corrige en parte la anterior, que por un defecto de forma no permitía habilitar las indemnizaciones. Paralelamente el Parlamento ha aprobado también sus miembros en la Comisión de Reparación. El Ejecutivo de momento no se fija plazos, pero está previsto que la Comisión de Reconocimiento y Reparación pueda comenzar sus trabajos a partir de verano, de forma que antes de que finalice la legislatura el Gobierno de Navarra pueda reconocer formal y oficialmente a algunas de estas víctimas.
SEGURIDAD JURÍDICA El portavoz del Gobierno, Javier Remírez, explicó ayer que la ley “fija prestaciones concretas a favor de las personas que han sufrido violencia por motivos políticos, garantiza la equiparación protectora entre colectivos de víctimas diferenciados y aporta la seguridad jurídica necesaria para las víctimas y para las personas destinatarias de las ayudas”. Una iniciativa que el Ejecutivo subraya además que es acorde con el acuerdo programático. De esta manera se avanza en “una cuestión de plena justicia”, el reconocimiento y reparación de estas víctimas, y para eso se ha hecho “un trabajo mas que satisfactorio a fin de articular las vías adecuadas”, comentó Remírez. Ante las críticas que han hecho personas afectadas y que quieren conseguir la reapertura judicial de los casos, el portavoz abogó por “caminar por la vía de la seguridad jurídica”.