En defensa de la justicia y de la ciudadanía
La Abogacía de Pamplona reivindica un trato digno para la ciudadanía y para sí
En el año 2016, nada más acceder al decanato del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, indicaba en una entrevista a un medio de comunicación nacional que la Administración de Justicia es la garantía de la defensa del Estado de Derecho y de las libertades y un pilar fundamental de la democracia. Señalaba también que, desde mi punto de vista, aquélla adolecía de serias deficiencias organizativas y estructurales. La mejora de la eficacia de la Administración de Justicia, decía, pasa por revisar la organización y el funcionamiento establecidos, dotarla de los recursos adecuados y evitar cualquier tentación de controlarla. Reivindicaba una ley que regulase el derecho de defensa y un pacto de Estado por la Justicia en el que la Abogacía tuviera presencia, así como el respeto a la independencia y dignidad de abogados y abogadas. Han pasado siete años y poco ha cambiado.
Desde el Colegio de Abogados de Pamplona hemos ido trasladando desde hace muchos años nuestra preocupación por el estado de la Administración de Justicia, por los retrasos en la tramitación de los procedimientos judiciales y por la desconsideración que sufren la ciudadanía y los profesionales de la Abogacía. La situación se agravó con la pandemia. Cuando comenzamos a vislumbrar la normalidad, las huelgas del funcionariado público vuelven a paralizar la actividad. Leemos a diario cómo los representantes de estos funcionarios se jactan de la suspensión de los procedimientos, de la paralización de los juzgados, de la inmovilización de las cuentas de consignaciones judiciales, etcétera. A ello se suma la forma desde la que se aborda el ejercicio de ese derecho constitucional a la huelga, que debería respetar al máximo las garantías que aseguran el mantenimiento de los servicios esenciales y también a sus mayores perjudicados: la ciudadanía, afectada de modo directo por su vulneración del derecho a la tutela judicial y quien defiende a la ciudadanía, las abogadas y abogados que acompañamos en sus procesos a quienes no encuentran otra vía de solución de sus problemas.
La Abogacía de Pamplona reivindica un trato digno para la ciudadanía y para si. No podemos permitir que, bajo cualquier pretexto, se lesionen derechos, en muchas ocasiones de colectivos especialmente vulnerables. No es admisible la indiferencia, ni pensar que el problema es de otros. Tampoco la falta de respeto a nuestra profesión, que se manifiesta especialmente en injerencias inadmisibles por parte de algunos poderes públicos, en trato desconsiderado, impasibilidad o burla del derecho a la conciliación en situaciones de enfermedad, maternidad o paternidad, en una injusta valoración, a todos los niveles, del imprescindible trabajo que realizamos, o desprecio a la ingente labor que se lleva a cabo por los colegios y por los profesionales en el turno de oficio, tan inmerecidamente tratado.
No sé cuánto tiempo ha de pasar para que los poderes públicos escuchen de verdad a la Abogacía. No se puede hablar de Estado de Derecho sin Justicia, ni de ésta sin derecho de defensa. No hay derecho de defensa sin los abogados y abogadas, que siempre estaremos al lado de las personas.