La vivienda como palanca electoral
El uso instrumental por la izquierda de la ley estatal sobre vivienda como palanca electoral es una peligrosa estrategia de autobombo que supedita el autogobierno de algunas comunidades a un interés coyuntural
La entente alcanzada entre los partidos de izquierda en el Congreso en torno a la Ley de Vivienda ha permitido a Pedro Sánchez sacar adelante su principal plataforma electoral de cara al 28-M. La insistente proyección de mensajes –en su mayoría poco más que titulares de prensa de difícil, dilatada en el tiempo y está por ver si útil ejecución– sobre iniciativas improvisadas en materia de vivienda por parte del presidente le permite capitalizar una estrategia de imagen con la complicidad de la izquierda intependentista catalana y vasca que, sorprendentemente renuncian a la protección del autogobierno en favor de su propia prioridad de corto plazo. La intromisión en las competencias exclusivas de las comunidades autónomas que percibe el resto del soberanismo vasco –PNV–, catalán –Pdecat y Jxcat– y gallego –BNG– es un precedente peligroso propiciado por EH Bildu y ERC. La fórmula de recentralización política del Estado por los partidos de la izquierda española ha sido constatada con reiteración mediante el recurso a normas básicas y decretos allí donde la ausencia de competencias atribuidas impedía imponer sin consenso sus actuaciones. PSOE y Podemos, desde el Gobierno español, han vuelto a sustituir la debida negociación con algunas administraciones autonómicas competentes y la debida bilateralidad en un ámbito que le es ajeno por una unilateralidad que rompe el espíritu del estado descentralizado definido en la propia Constitución y los Estatutos de Autonomía. La pretensión de disfrazar el caso de un desencuentro entre políticas progresistas o conservadoras no se sustancia en hechos hasta el punto de que el grado de progresía de la ley pactada por EH Bildu y ERC con PSOE y Podemos no ha sido suficiente para obtener la adhesión de una fuerza soberanista y de izquierda como el BNG, precisamente por constatar la invasión competencial que conlleva. El soberanismo independentista ha abierto una puerta a la intromisión del Estado que no está en disposición de cerrar con coherencia en normativas posteriores. Su precipitación por construir discurso electoral ha acabado convirtiendo en instrumental el propio autogobierno vasco y catalán, sometido a un segundo plano y fiando su protección al Tribunal Constitucional español, que nunca ha sido su aliado.