Sare critica el torpedeo de la justicia al fin de la excepcionalidad
La red ciudadana propone reparar a quienes han sido víctimas de una política penitenciaria estatal “causante de mucho dolor”
“Los tribunales de justicia se han convertido en un poder político en sí mismo” JOSEBA AZKARRAGA
Portavoz de Sare
PAMPLONA – Sare quiere “profundizar en los consensos en el ámbito político, sindical y social” para zanjar de una vez por todas el trato desigual que reciben los presos de ETA más de diez años después del alto el fuego definitivo de la organización.
Fue uno de los mensajes que lanzaron este fin de semana los portavoces de Sare, Joseba Arkarraga y Bego Atxa, que el sábado por la tarde en San Sebastián comentaron que “la sociedad vasca ha venido reclamando durante más de 34 años el fin de la política de alejamiento, por considerarla cruel e inhumana y ser contraria a los derechos fundamentales”. A su juicio, esta política penitenciaria, “causante de mucho dolor y sufrimiento”, exige “a todos” la “reparación de quienes fueron víctimas de la misma”. En ese sentido, lamentaron que la superación de esta política de alejamiento “no ha traído consigo el fin de la vulneración de los derechos” de los presos de ETA.
Sare criticó que la fiscalía y los tribunales de justicia se han convertido “en un poder político en sí mismo” e incidieron en que una parte de ellos “está poniendo en cuestión de forma sistemática la política penitenciaria seguida por las autoridades competentes en la CAV, corrigiendo las decisiones que se adoptan por las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios, en demérito de los presos al oponerse a las decisiones relativas a las progresiones de grado y permisos penitenciarios”.
POLÍTICA VENGATIVA En su opinión, “no están actuando en defensa de las personas presas con criterios jurídicos, sino en base a unas decisiones que trasladan una perspectiva de la política penitenciaria basada en la venganza, el odio y la falta de respeto de la legalidad”.
En esa línea, recordaron que, tras serle transferida la competencia, el Gobierno de la CAV lleva 18 meses desarrollando su política penitenciaria y “son 42 los reclusos que han visto aprobada su progresión a tercer grado”, pero a 28 de ellos “se les ha recurrido dicha decisión y 12 han vuelto a ser ingresados en prisión en régimen de segundo grado”.
Los portavoces de Sare afirmaron que “el último ejemplo de esta actitud obstaculizadora de la justicia” es el recurso del Ministerio Fiscal, aceptado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, contra el tercer grado del preso de ETA Joseba Arregi, “obligándole, nuevamente, a ingresar en prisión y segundo grado”.
Tras resaltar que desde la red ciudadana Sare “en ningún momento” han solicitado “privilegio alguno para estos presos”, han incidido en que se han limitado a “exigir la aplicación de una política penitenciaria ordinaria que pusiera fin a las vulneraciones de derechos”.
En ese sentido, opinaron que, “una vez que se les ha reconocido su derecho a cumplir condena cerca del domicilio familiar, estando ingresados en centros penitenciarios sitos en Euskal Herria, debe cesar la política” de excepcionalidad.