El PP pide calificar los crímenes de ETA como actos de lesa humanidad
Esta calificación impediría la prescripción y prohibiría homenajes a los autores de esos actos delictivos
PAMPLONA – El PP ha propuesto en el Congreso de los Diputados la elaboración de una ley orgánica para que los asesinatos de ETA sean reconocidos como crímenes de lesa humanidad, un movimiento que impediría la prescripción de estos hechos, reforzaría la exigencia de esclarecimiento y serviría para prohibir los homenajes a los autores de esos atentados.
Los populares recuerdan que hace un año el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ya pidió a España este tipo de medidas para evitar que los crímenes queden impunes. Aprobó un informe sobre la existencia de 379 asesinatos de ETA aún sin resolver e incluso incluía una quincena de recomendaciones a las autoridades. Ese informe pedía precisamente adoptar las medidas necesarias para el esclarecimiento de esos crímenes aún pendientes, evitar la impunidad jurídica, social y moral de los terroristas, reconocer los asesinatos de la organzación armada como crímenes de lesa humanidad, condicionar los beneficios penitenciarios a que se colabore con la Justicia e impedir los actos de homenaje a los terroristas y la humillación de las víctimas.
En su proposición de Ley Orgánica sobre crímenes de ETA sin resolver y sus víctimas, el PP alega que la correcta comprensión de la ley requiere conocer el contexto normativo europeo, “que ha evolucionado hacia un marco más sólido y coherente con el objeto de reforzar la consideración de que los actos de terrorismo constituyen una de las violaciones más graves de los valores de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad”. También “del respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, así como un ataque contra los principios de la democracia y el Estado de Derecho”. Es decir, considera “necesario” acometer una acción legislativa con cambios normativos para dar cumplimiento a dichas indicaciones.
El PP recuerda además que existe un antecedente directo sobre esta cuestión en el Parlamento Europeo, que aprobó en noviembre de 2020 un dictamen sobre la situación de los derechos fundamentales en la UE en 2018 y 2019. En el mismo, se pedía a las autoridades españolas tomar medidas para evitar que las víctimas del terrorismo “sean humilladas por actos como los homenajes a etarras que se han producido en los últimos años en España” y reclamaba que “las instituciones pertinentes”, ya sea a nivel local, autonómico o estatal, “proporcionen las salvaguardas necesarias para evitar que se produzca una victimización posterior derivada de humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas por parte de los sectores sociales relacionados con el agresor”.