El conocimiento de Hacienda de irregularidades salpica a Montero
Una auditoría a Puertos del Estado destapó la mediación de Transportes en la adjudicación
PAMPLONA – Entre los componentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez señalados ahora por el caso Koldo se halla la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras revelarse que conocería desde 2022 las irregularidades de los contratos que se adjudicaron a la empresa del exasesor de José Luis Ábalos. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entidad vinculada al Ministerio de Hacienda, llevó a cabo en 2021 una auditoría que señaló diversas anomalías en la gestión de Puertos del Estado (PDE) relacionadas con la adquisición de mascarillas. Estas acciones estaban vinculadas a la empresa conectada con Koldo García. El informe resultante fue entregado a la dirección de la empresa pública a finales de ese año y también fue enviado a los ministerios pertinentes, incluyendo el de Transportes (MITMA) y el de Hacienda, a cargo de Montero. Según publicó ayer el diario ABC, la titular de este ministerio supuestamente habría tenido en sus manos estos datos en las primeras semanas de 2022, poco después de que la IGAE lo enviara a la dirección de Puertos del Estado. En dicho informe se señala al departamento de Ábalos como intermediario entre la empresa vinculada a los conocidos de Koldo García y Puertos del Estado. Además, revela que el Gobierno no abordó adecuadamente estas irregularidades, evitando una investigación que podría haber destapado la trama con anterioridad.
Conforme a la revisión de la IGAE, que examinó las finanzas de Puertos del Estado correspondientes a 2020 y evaluó el cumplimiento de las normativas aplicables a las adquisiciones de material sanitario durante la pandemia, se identificaron diversas acciones contrarias a la legislación vigente. Esto se evidenció principalmente en la gestión del expediente 19/20, que se relaciona en el informe con la compra de 8 millones de mascarillas por un valor de 20 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión. Es preciso constatar que, hasta ese momento, dicha empresa carecía de historial de facturación, y a pesar de ello, fue seleccionada por la entidad pública para llevar a cabo dicho contrato. Dentro de las irregularidades se destaca la falta de cumplimiento de los requisitos de publicidad estipulados en los artículos 151.1 y 154.1 de la Ley de Contrataciones de Servicio Público. Aunque la contratación se realizó en un periodo de emergencia, se considera “recomendable” seguir los formalismos, según una nota informativa de la Presidencia de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado durante la crisis sanitaria.
Por ello, el portavoz del PP, Miguel Tellado, cargó ayer contra Montero, a la que acusó de “conocer” la existencia de esta trama “desde hace más de dos años” y aún así, haber avalado que Ábalos volviera a optar a un escaño en las últimas generales. Su interpretación: que le permitieron ir en las listas “simple y llanamente” para que estuviera aforado.
Por otro lado, y al hilo de este presunto caso de corrupción, la Generalitat de Catalunya descartó que algunas de sus consellerias comprara mascarillas durante la pandemia a alguna de las empresas vinculadas al caso Koldo. El Govern encomendó investigar y analizar todos los contratos de adquisición para comprobar que ninguno fuera con alguna de las sociedades presuntamente implicadas.●
se trata de cuatro contratos firmados por Canarias y uno por Baleares con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL entre abril y mayo de 2020, por importe conjunto de 16.019.079 euros, de acuerdo a los datos de la querella del Ministerio Público. En el caso de Canarias, el primero de dichos contratos se firmó para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2 por un importe de 2.095.018 euros. El segundo se adjudicó en concepto de transporte, fletes aéreos y seguros de transporte de mascarillas por 447.061 euros. El tercero alcanzó los 4,7 millones para la adquisición de mascarillas FFP2. Y el cuarto se suscribió por 5 millones de euros para el suministro de dos millones de mascarillas KN95. Respecto a la Administración balear, el contrato se firmó en mayo de 2020 por 3,7 millones de euros para el suministro de mascarillas FFP2.