La Audiencia Nacional eleva el ‘caso Koldo’ a la Fiscalía Europea
Facilitarán documentos en la compra de material sanitario de Canarias y Baleares
PAMPLONA – El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha enviado a la Fiscalía Europea el informe de la Agencia Tributaria en el que analiza la actividad empresarial de uno de los principales investigados, el “comisionista” Víctor de Aldama, y en el que enlaza el germen de la trama con el “rescate” de Globalia (Air Europa). En una providencia, contra la que cabe recurso, el titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, a petición del organismo europeo, accede a facilitar dicho documento “con trascendencia tributaria” para que este pueda integrarlo a las pesquisas que ha abierto ante el posible uso de fondos comunitarios en la financiación de las compras de mascarillas por parte de instituciones españolas. La Fiscalía Europea anunció esta semana que ha abierto una investigación sobre las compras de material sanitario en pandemia por parte del Servicio de Salud de las Islas Canarias, por 12 millones de euros, y del Servicio de Salud de las Islas Baleares por 3,7 millones de euros. La investigación se dirige por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en relación a esos contratos de los servicios de salud pública de Canarias y Baleares, que fueron adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la trama del caso Koldo.
Además del informe de Hacienda, elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), órgano dependiente de la Agencia Tributaria, el magistrado remite también a la Fiscalía Europea, a la vista de la información “interesada en su decreto de fecha 29/02/24”, el atestado policial de las detenciones, registros y toma de declaración a testigos en la operación Delorme. También indagarán sobre la situación de los investigados, entre los que destacan Koldo García, el que fuera asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Moreno apoya su decisión en el artículo 27 del Reglamento 2017/1939 del Consejo, “por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea, con la finalidad de que los Fiscales Europeos puedan formar criterio suficiente para determinar el ámbito de competencias de los hechos objeto de su procedimiento 69/22”. El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García-castellón, ha sido designado juez de garantías en el procedimiento abierto por la Fiscalía Europea, figura que se limita a supervisar las medidas restrictivas de los derechos fundamentales que se puedan instar por parte del órgano europeo, tales como intervenciones telefónicas o medidas cautelares a los investigados, o también si se presenta algún recurso contra los decretos del fiscal europeo delegado. García-castellón tutelará esta investigación en sustitución del juez de refuerzo de su juzgado, Joaquín Gadea, al que, por las normas de reparto, corresponden los nuevos procedimientos que entran en el juzgado, hasta que éste vuelva del permiso que le mantiene fuera de la Audiencia Nacional.