Juzgado de Guardia:
El colapso de la jurisdicción Social en Sevilla sigue provocando situaciones rocambolescas, con juicios que se van a celebrar cuando el trabajador despedido ya ha agotado todas las prestaciones
“Justicia a más de dos años”
SE trata de una frase manida, que utilizan muchos responsables de la Administración de Justicia, pero que en ocasiones cobra una vital importancia para el que la padece. “Una Justicia lenta no es Justicia”. Si en Sevilla hay una jurisdicción especialmente colapsada –y no me refiero sólo a los Juzgados de Primera Instancia con el tema de las cláusulas suelo, que también– es la Social, donde los pleitos por despidos y reclamaciones laborales se están señalando los juicios a más de dos años vista y todo ello teniendo en cuenta que los juicios por despido tienen una tramitación preferente.
Esta misma semana se han conocido dos nuevos casos de señalamientos alarmantes. El primero es una demanda presentada por una trabajadora por su despido de una fundación sin ánimo de lucro. El cese se produjo porque se había iniciado un proceso electoral en la empresa en la que ésta se presenta como candidata por el sindicato CCOO. La empresa la despidió el 25 de junio de 2018; la conciliación obligatoria previa tuvo lugar en el CMAC el 24 de julio, y al día siguiente, la mujer presentó la demanda en el registro del decanato de los juzgados del Prado de San Sebastián.
La demanda, que aún no está proveída a pesar de los meses que han transcurrido, ha correspondido por turno de reparto al Juzgado de lo Social número 9 de Sevi- lla, siendo encomendada al magistrado de refuerzo. Aunque el despido es de junio pasado, la fecha fijada para la celebración del juicio es el 5 de mayo de 2020, es decir, casi dos años después del despido, con lo que llegado el juicio la trabajadora en cuestión habría agota- do las posibles prestaciones como el desempleo, en caso de no haber encontrado otro trabajo antes.
El segundo caso reciente es similar, al menos en cuanto a lo que supone de retraso de la Justicia. Se trata de un empleado de Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) que fue sancionado por la compañía. La demanda en la que se recurre dicha sanción fue presentada el 14 de marzo de 2017.
En la actualidad, su defensa no ha recibido ninguna notificación sobre cuándo se celebrará el juicio, que ha correspondido al Juzgado de lo Social número 4 de Sevilla. Aunque tampoco se ha proveído la demanda, en principio la fecha prevista para la celebración del juicio es el 22 de mayo de 2019. Nuevamente estamos ante un plazo que supera los dos años entre el momento de presentar la demanda y la celebración de la vista oral.
Estos son sólo dos ejemplos concretos de lo que está sucediendo en los Juzgados de lo Social de Sevilla, pero los retrasos de esta jurisdicción se han convertido ya en algo habitual, hasta el punto de que muchos clientes no creen a sus abogados cuando estos les comunican la tardía fecha del juicio.
Y la situación persiste a pesar de los refuerzos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) mantiene desde hace varios años en estos juzgados, donde actualmente hay un plan de refuerzo en el que participan cuatro Jueces de Adscripción Territorial (JAT), agrupados en dos juzgados bis que cuentan además con un letrado de la Administración de Justicia –los antiguos secretarios judiciales– y siete funcionarios de refuerzo cada uno.
Los 11 juzgados de lo Social que hay en Sevilla ingresaron en 2017 un total de 13.029 asuntos y se resolvieron 14.407, con lo que el volumen de asuntos pendientes descendió levemente, según lo datos que recoge la memoria del TSJA correspondiente a 2017, que incluye los últimos datos disponibles. No obstante, a final de año estos órganos todavía tenían pendientes de resolver 20.368 asuntos (al inicio del año la pendencia se situaba en 21.796 casos).
El Alto Tribunal andaluz ha propuesto la creación en Andalucía de un total de siete nuevas plazas judiciales en los juzgados de lo So- cial, de los cuales dos deberían crearse precisamente en Sevilla, mientras que el resto de las plazas apunta que deberían crearse en Almería, Córdoba, Huelva, Granada y Málaga, a razón de una en cada provincia. Sevilla es la segunda provincia andaluza con mayor número de juzgados de lo Social y sólo se ve superada por Málaga, donde hay 13 juzgados de lo Social.
A nivel regional los asuntos que se registran en los juzgados de lo Social de Andalucía (60.672 en 2017) se distribuyen en un 34% en reclamaciones de cantidades, mientras que el 27% versan sobre despidos y otras reclamaciones en materia de Seguridad Social. Un 3% del total de los asuntos laborales guardan relación con la movilidad geográfica y otras modificaciones de las condiciones en el trabajo. Finalmente, los conflictos colectivos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la impugnación de actos administrativos en materia laboral y social, y sobre derechos fundamentales y libertades públicas representan sólo un 1% del total de asuntos ingresados.
El TSJA alerta en su memoria sobre las suspensiones de los juicios y vistas que, según el Alto Tribunal andaluz, suponen una “disfunción llamativa”, por cuanto el porcentaje de suspensiones ronda el 17% y el de los señalamientos no celebrados el 37%, lo que constituye un “obstáculo para la buena marcha” de los juzgados.
Los retrasos persisten a pesar de los cuatro jueces de refuerzo en los juzgados de lo Social El TSJA alerta del elevado porcentaje de suspensiones y juicios no celebrados