Un juez recibe la primera demanda por la negativa a vacunar a una anciana
● La Fiscalía confía en que la cuestión se resuelva en “una semana” como máximo, una vez que el forense emita un dictamen
La primera demanda para vacunar del coronavirus a una anciana de una residencia. El juzgado de Primera Instancia número 17 de Sevilla ha iniciado el primer procedimiento judicial para determinar si una anciana que está ingresada en una residencia de la provincia debe ser vacunada del Covid19, ante la negativa de su hijo a que se le ponga el remedio contra la pandemia.
Ha sido la propia residencia la que ha presentado la petición judicial para que se autorice la vacunación de esta persona mayor, que está sometida a un “internamiento involuntario” porque padece una demencia derivada de su avanzada edad, y su hijo ha trasladado a la dirección del centro su rechazo a que se le inyecte la vacuna. El conflicto se ha producido porque el médico de la residencia ha determinado que no existe ninguna incompatibilidad o inconveniente para la salud de la anciana si se le pone la vacuna, según ha explicado a este periódico el fiscal delegado de Personas Mayores y de Personas con Discapacidad, Noberto Sotomayor.
El fiscal, que recordó que éste es el primer caso que se judicializa en Sevilla de una negativa a vacunar a un mayor –el supuesto que se planteó a finales de diciembre pasado de momento no ha llegado a los juzgados–, señaló que la demanda se presentó el pasado 5 de enero y ha sido remitida por turno de reparto al juzgado de Primera Instancia número 17 de Sevilla, al que ya se ha solicitado que el médico forense informe sobre si es procedente ponerle la vacuna a esta anciana, como considera el facultativo de la propia residencia.
Una vez que el forense realice su dictamen y con el informe previo de la Fiscalía, el juez decidirá sobre la “autorización” para inyectarle el remedio a la mujer, en el marco del procedimiento de “jurisdicción voluntaria” iniciado.
El fiscal considera que la tramitación de esta primera demanda no debe prolongarse, en principio, más allá de “una semana”, aunque todo depende de la carga de trabajo que tengan actualmente los forenses del Instituto de Medicinal Legal (IML) de Sevilla, con lo que Noberto Sotomayor confía en que, como mucho, la cuestión se resuelva en un plazo máximo de dos semanas. El representante del Ministerio Público insistió en que este procedimiento sólo se debe iniciar cuando existe un conf licto entre el dictamen del médico de la residencia y la negativa de los familiares a que se vacunen a sus padres o madres que no tienen plena capacidad de decidir, porque si el médico advierte de posibles “contraindicaciones” para poner la vacuna, los ancianos no recibirán el remedio contra el coronavirus. Norberto Sotomayor añadió que “si no hay discordancia” entre la opinión médica y la postura de los familiares, el caso tampoco debe llegar al juzgado.
De la misma forma, el fiscal destacó que aunque ésta es la primera demanda que entra en los juzgados, se prevé que pueda haber más casos en las próximas semanas, según se vaya cumpliendo el calendario de vacunación del Covid-19 en las residencias de la provincia, puesto que ya hay otros tantos familiares que han expresado su rechazo a que los mayores que están ingresados en las residencias sean vacunados.
Cuando se produjo el primer caso de rechazo de un familiar a vacunar a un anciano, el fiscal manifestó que la decisión de un hijo de que no se le ponga la vacuna a una persona privada de sus facultades “no puede perjudicar la salud del padre o la madre”. Cuando una persona carece de capacidad para tomar decisiones, se produce el “consentimiento por representación”, por lo que “si la persona está judicialmente incapacitada, es el tutor el que tiene que tomar la decisión, y si no lo está, son los familiares o allegados”.
En los casos de negativa a vacunar a su familiar, “habrá que demostrar que la vacuna no se le puede poner, porque en principio la vacuna es buena, está ya autorizada por las autoridades sanitarias europeas, no sólo las españolas” y no debe olvidarse que “el primer grupo de riesgo son las residencias, porque es donde más fallecimientos se están produciendo y son los primeros en ser vacunados”.
Sobre la incidencia de la pandemia del coronavirus en las residencias de mayores, sólo basta con analizar las estadísticas. Hasta el día de ayer, en las residencias de ancianos y de personas con discapacidad de la provincia de Sevilla han fallecido 354 personas. En la primera ola, entre marzo y agosto, se produjeron 151 fallecimientos en las residencias de Sevilla, mientras que en la segunda ola, desde finales de agosto, son ya 203 los fallecidos, y además hay otros 126 residentes que han dado positivo al Covid-19 y 73 trabajadores, según los últimos datos disponibles.
El médico de la residencia no ve ningún problema en que la anciana sea vacunada