La Fiscalía crea un protocolo para las residencias ante la negativa a vacunar
La Sección de Personas Mayores y de Protección de Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Sevilla ha creado un protocolo de actuación para que las residencias de la provincia sepan cómo deben actuar en caso de que los familiares se nieguen a que se les ponga la vacuna del coronavirus a las personas ingresadas en estos centros y que no están en plenas facultades para decidir por sí mismos.
En el documento, que el fiscal delegado de Personas Mayores, Norberto Sotomayor, ya ha enviado a la delegación provincial de la Consejería de Salud y Familias y a las 172 residencias de mayores y 41 residencias para personas con discapacidad que hay en la provincia, se recuerda que la vacunación contra el Covid-19, así como cualquier acto médico, “requiere el consentimiento de la persona afectada” y por tanto es “voluntaria”. No obstante, cuando el anciano o la persona a vacunar está “incapacitada judicialmente”, recuerda el protocolo, es el “tutor el que debe prestar y firmar el consentimiento, siempre que en la sentencia se establezca una limitación de la capacidad total o se limite la capacidad en cuestiones médicas”, pero será “el médico que actúa en la residencia el que debe valorar si la persona tiene o no capacidad de decisión” cuando la persona en cuestión no tenga sentencia sobre su capacidad. En el caso de que el médico entienda tras la valoración que la persona en cuestión carece de capacidad de decisión, “le corresponderá prestar el consentimiento a familiares o allegados”.