Piden una recogida de ADN en los pueblos para los trabajos en Pico Reja
Una asociación solicita muestras a familiares para identificar a los represaliados
La asociación memorialista Comisión por el Derecho a las Exhumaciones, perteneciente a la Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia, ha solicitado a la Diputación de Sevilla una campaña de recogida de muestras genéticas entre familias de los municipios de la provincia para colaborar en la identificación de los restos exhumados de la fosa de Pico Reja del cementerio de San Fernando, donde descansarían los restos de 1.103 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936.
En un escrito elevado a la Diputación de Sevilla y recogido por Europa Press, el colectivo señala los actuales trabajos de excavación arqueológica de la fosa común de Pico Reja a manos de la empresa Aranzadi Sociedad de Ciencias tras su contratación por parte del Ayuntamiento de Sevilla, con la colaboración económica de la Diputación, la Junta de Andalucía y, ahora, el Estado, que recientemente aprobaba subvencionar al Consistorio con 160.000 euros por esta actuación. Entre las víctimas enterradas en este enclave figurarían miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes de la zona e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936 y declarado Padre de la Patria Andaluza.
En ese contexto, la asociación memorialista Comisión por el Derecho a las Exhumaciones solicitaba recientemente a la Junta de Andalucía una “campaña institucional” de recogida de muestras genéticas de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, para “salvar el ADN de los mayores” con el que poder identificar los restos humanos rescatados de las fosas. Y es que esa “generación se está yendo por el tiempo transcurrido y ahora también de forma acelerada por la pandemia del Covid-19, que está causando estragos entre las personas mayores”.
La asociación avisaba de la situación actual de estas personas mayores que eran niños en el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la posterior represión franquista, quienes “en muchos casos quedaron huérfanos” fruto de aquellos “crueles” acontecimientos y desconocen el paradero de los restos de sus seres queridos.
Tras dicha petición a la Junta de Andalucía, el colectivo ha hecho lo propio frente a la Diputación de Sevilla, recordando en un escrito que “los trabajos de investigación realizados por el historiador José Díaz Arriaza y publicados en el libro Ni localizados, ni olvidado, de 2016, exponen que gran parte de las víctimas arrojadas a la fosa de Pico Reja procedían de más de 40 pueblos de la provincia de Sevilla e incluso de otras provincias”, incluyendo “el listado de pueblos de Sevilla que podrían tener vecinos enterrados en Pico Reja”. La plataforma dice que “solamente el Ayuntamiento de Sevilla ha facilitado a las familias (de los represaliados) que puedan depositar muestras para su cotejo, desde el 22 de mayo de 2018”, con lo que “faltaría por tanto la recogida de muestras de ADN de familiares de otras poblaciones de la provincia”.