El gobierno municipal se plantea ahora una moratoria

Según ya había adelantado hace unos días el delegado de Hábitat Urbano, Turismo y Cultura, Antonio Muñoz, la intención es elevar al Pleno el próximo febrero una propuesta de cambio del PGOU, el primer paso que Sevilla dará para establecer una calificación específica para dichas viviendas, que actualmente no existe. La intención es reconocer el uso turístico de estos pisos de manera diferenciada del uso residencial y así homologarlos a los hoteles y otras categorías alojativas. Pero luego, aunque inicialmente se descartó, el gobierno municipal estudiará incluso fijar una moratoria en el sector mientras se culmina la regulación que, eso sí, no tendrá carácter retroactivo. En los próximos meses, una vez que se avancen en los trámites, decidirán también si es necesaria una ordenanza municipal específica o algún plan especial. El impulso definitivo ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que a finales de 2020 ratificó la ordenación torno a las viviendas con fines turísticos que realizó el Ayuntamiento de Bilbao con un modelo similar al que se estaba analizando en el caso de Sevilla. El fallo viene a decir que los ayuntamientos tienen potestad para decidir qué tipo de ciudad quieren y cómo deben regularla. El gobierno municipal esgrime, por tanto, que hay argumentos políticos, pues ya se acordó con todos los grupos políticos la oportunidad de regular estas viviendas; jurídicos y también turísticos para dar ese paso. En este sentido, Muñoz ha apuntado que los pisos turísticos se han multiplicado por tres desde 2017 en la capital, mientras que las plazas hoteleras no han superado el 13% de incremento. Un desequilibrio en torno a la “oferta reglada” que quieren corregir. Muñoz ha recordado que existe absoluta coordinación también con la Junta para emprender un camino que ya han iniciado Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián o Málaga, entre otras ciudades.