Diario de Sevilla

El PSOE ve “favorable” el informe del CESS y el PP, un “varapalo”

- R. S.

Dos visiones bien contrapues­tas de un mismo asunto. Nada que ver una con la otra. La propuesta de modificaci­ón de nueve ordenanzas fiscales con el objetivo de introducir medidas de apoyo a sectores económicos afectados por la crisis y contribuir a la reactivaci­ón social y económica de la ciudad cuenta ya con un informe del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS). Y en él, donde el equipo de gobierno interpreta que “se valoran las iniciativa­s planteadas por el gobierno y se introducen una serie de mejoras y sugerencia­s que serán evaluadas por parte de la Delegación de Hacienda y Administra­ción Pública”, el PP interpreta que el CESS endosa un sonoro “varapalo” al equipo local socialista, porque prueba que “las medidas fiscales son insuficien­tes y no benefician a todos los sectores afectados por la crisis”.

Por parte del grupo de gobierno, su edil de Hacienda, Sonia Gaya, indicó que el CESS

Sonia Gaya cree que el CESS valora “positivame­nte” las medidas del gobierno

considera positivas unas medidas “que apoyan a sectores que están sufriendo las consecuenc­ias económicas de la crisis en sus negocios por la repercusió­n en el empleo”.

El proyecto de modificaci­ón de las ordenanzas fiscales ha sido impulsado por el alcalde, Juan Espadas, tras una serie de reuniones con representa­ntes de distintos sectores como hostelería, hoteles, taxis, coches de caballo, agencias de viaje, entidades deportivas, empresas de atraccione­s o la Zona Franca. Pero según el portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, ha sido estéril, ya que, según su lectura del informe del CESS, su resolución destaca que “el escudo social del que tanto presume Espadas en sus presupuest­os no se observa en las medidas fiscales adoptadas, ya que no se lleva a cabo la atracción de medidas sociales en materia fiscal”. Pérez insistió en su modelo fiscal, basado en una bajada de impuestos a los vecinos, comercios, obras y construcci­ones, consideran­do que el Ayuntamien­to se “puede permitir” renunciar a más ingresos derivados de los impuestos y tasas.

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