El juez descarta pronunciarse por ahora sobre la petición del embargo a Serrano
El instructor rechaza sancionar al secretario general de Facua como pidió el ex líder de Vox
El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, que investiga al ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano por presunto fraude de subvenciones de 2,4 millones de euros, no se pronunciará por ahora sobre la petición de embargo de sus bienes planteada por la acusación popular que ejerce el secretario general de la Facua Rubén Sánchez.
El instructor ha dictado un auto, con fecha 20 de enero, en el que apunta que no se resolverá la petición del embargo de los bienes de Serrano y de sus dos socios solicitada por la acusación popular hasta que presten declaración los investigados y los testigos en esta causa, dado que el juez Francisco Serrano ha sido citado a declarar el 8 de febrero y también hay fijadas declaraciones para los días 10 y 12 de abril.
El juez instructor ha rechazado la petición de la defensa de Francisco Serrano para que se sancione a la acusación popular que ejerce el secretario general de la Facua Rubén Sánchez, al que había acusado de realizar filtraciones del sumario. Dice el instructor sobre esta petición que, “siendo las actuaciones de carácter reservado y no constando fehacientemente lo manifestado por la defensa de Francisco Serrano, no ha lugar por ahora a la deducción de testimonio alguno, ni a la adopción de las medidas solicitadas”.
Serrano aportó como supuesta prueba de la filtración un teletipo de la agencia Efe que se hacía eco de un mensaje de Sánchez en una red social, en el que el dirigente de Facua anunciaba que había pedido el embargo de los bienes del ex líder de Vox.
La defensa de Serrano aseguró que en esta causa se vienen produciendo “continuas filtraciones particulares” y añadió que la obligación de reserva de las actuaciones sumariales o de investigación aparece vinculada al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva de cualquier investigado, “tratando de evitar la conocida como pena de banquillo, esto es los efectos perniciosos que para la reputación de las personas investigadas puede suponer la difusión pública de un proceso en el cual debe gozar de la presunción de inocencia como derecho fundamental”, relató el abogado del ex líder de Vox.
La defensa acusó a la acusación popular de “tratar de articular un proceso paralelo por motivos tan espurios como la propia publicidad”, considerando que estas actuaciones resultan “tanto más injustificables cuando la personación de la acusación popular se admitió sin prestar fianza alguna”. En el auto, el juez Gutiérrez Casillas ha rechazado esta petición.