Segundo aval a la juez Bolaños
● La UPO restaura el honor de la juez Bolaños al confirmar que no plagió su tesis ● Con anterioridad el CGPJ dio carpetazo a la denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción
SI es verdad que el tiempo pone a cada uno en su sitio, la juez María Núñez Bolaños tiene que pensar que está en su mejor momento, tras haber pasado varios años muy complicados desde que en 2015 decidió dar un paso adelante para convertirse en la titular de uno de los juzgados más famosos que hay en Andalucía, el que investiga las macrocausas que han puesto en jaque a los anteriores gobiernos socialistas de la Junta. La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha confirmado algo que, en principio, parecía evidente: que la juez Bolaños no plagió su tesis doctoral. Aunque el informe restituye por completo el honor de la magistrada, lo lamentable es que la institución académica haya tardado más de un año en resolver una acusación de tal gravedad para un miembro de la judicatura, aunque parte del retraso pueda deberse al cambio que se ha producido en el rectorado, con la salida de Vicente Guzmán –que se fue sin resolver la cuestión– y la llegada del catedrático de Derecho Civil Francisco Oliva, que se ha topado con el marrón cuando se ha preguntado por el asunto.
En cualquier caso, lo relevante del dictamen de la institución académica, que se basa sobre dos informes –uno realizado por la Ins
Es lamentable que la UPO haya tardado más de un año en restituir el honor de la juez
La acusación de plagio queda desacreditada como ocurrió con la denuncia de la Fiscalía
pección de Servicios de la Universidad y otro realizado por un experto en la materia externo–, es la contudencia con la que se expresa a la hora de concluir que la tesis de Bolaños es una “obra original” y no se ha incurrido en plagio ni en apropiación de ideas. Sólo se aprecian, según la información facilitada por la UPO, defectos de “citación desde un punto de vista científico-metodológico” que no afectan de ningún modo al “núcleo esencial de la tesis como trabajo original”.
La polémica por la tesis de la magistrada se produjo tan sólo unos meses después de que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, presentara a mediados de 2019 una denuncia contra la instructora, a la que atribuía una falta grave o muy grave: “La desatención o el retraso injustificado y reiterado” en la instrucción de las macrocausas como la de los ERE, los cursos de formación, o las supuestas irregularidades en la concesión de los avales y préstamos por parte de la agencia IDEA.
La denuncia del Ministerio Público era de tal dureza que, en realidad, se asemejaba a una querella por prevaricación contra la magistrada, aunque el máximo responsable de Anticorrupción no se atrevió a emplear esa vía y, en su lugar, optó por acudir al máximo órgano de gobierno de los jueces, algo que tampoco había ocurrido nunca. Hasta este caso jamás la Fiscalía había denunciado de esta forma a una juez ante el Consejo.
Esa denuncia, como ha ocurrido ahora con el supuesto plagio, quedó totalmente desacreditada por el exhaustivo informe realizado en su momento por el servicio de Inspección del Poder Judicial, que tumbó los cargos del Ministerio Público y avaló con rotundidad el trabajo de la juez. Para los inspectores del Poder Judicial CGPJ, las paralizaciones o retrasos en los procesos que instruía Bolaños “no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso” por parte de la instructora.
Tras el archivo de esa denuncia, que puso en juego la carrera de Bolaños, la magistrada decidió renunciar a seguir instruyendo las macrocausas. Llevaba entonces un año de baja por motivos de salud y tras reincoporarse, Bolaños buscó un acuerdo con el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana para redistribuir el trabajo en el Juzgado número 6 de Sevilla, lo que suponía dejar a este magistrado la instrucción de los macroproceso.
Ese pacto ha sido impugnado ante el CGPJ por varias defensas, que consideran que se ha vulnerado el derecho al juez natural predeterminado por la ley, y está pendiente de resolución, aunque en este caso la vocal ha encargado un informe jurídico que puede hacer que la resolución se retrase varios meses.
Con el informe de la UPO, la juez Bolaños ya ha recibido un doble aval a su labor en el juzgado.