EL DESPOTISMO INMOBILIARIO
SEGÚN el Banco de España, el impacto ocasionado por el Covid-19 está afectando a las economías mundiales de manera muy heterogénea, siendo la española una de las más perjudicadas. En clave nacional, el supervisor español, además de destacar la enorme incertidumbre existente sobre la evolución de las consecuencias económicas de la pandemia, concluye que esta crisis y su posterior recuperación afectarán de manera desigual a las diferentes ramas de nuestra actividad.
En este escenario, el sector inmobiliario se presenta como uno de los más perjudicados por esta crisis, toda vez que, además de tener que sortear las vicisitudes por la fuerte caída de la actividad, el socio comunista del Gobierno de España ha tomado como bandera de su acción política, adoptar todas las medidas posibles para intervenir en el mercado inmobiliario, de ahí que permanentemente se atribuyan el mérito de las restricciones contendidas en cada uno de los Reales Decreto-Ley que de manera incesante se están promulgando bajo la bandera de hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica en el ámbito de la vivienda.
Entre las nuevas medidas, sin pretender desarrollar toda la casuística existente, llama la atención la suspensión de los desahucios durante el estado de alarma, el aplazamiento en el pago de la renta, la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas con independencia de su falta de pago o ausencia de titularidad, la legalización de la okupación ahora llamados “ocupantes sin título” cuyos derechos se equiparan a los restantes arrendatarios vulnerables.
Por otro lado, el legislador también ha decidido intervenir en los arrendamientos de locales de negocio, que hasta ahora se regulaban en base al libre acuerdo entre las partes, para establecer la obligatoriedad en todos los sectores afectados por esta crisis, a reducir la renta el 50% hasta los cuatro meses posteriores al fin del estado de alarma o incluso la supresión íntegra del pago la misma, con lo que algunos autores se han atrevido a denunciar que estamos ante una suerte de expropiación forzosa en la modalidad de ocupación temporal de inmuebles.
La protección de las familias vulnerables es un fin loable, pero también conviene ser conscientes que ningún Estado del mundo tendría capacidad, sin un ambicioso plan de viviendas a largo plazo, para entregar gratuitamente una vivienda a cada ciudadano, por lo que lejos de planteamientos utópicos, deberíamos ser responsables a la hora de la adopción de cualquier medida disruptiva ya que siempre habrá que calibrar su previsible impacto negativo en otros sectores, cuya caída de la actividad puede empobrecer aún más al Estado en su conjunto.
La lucha contra la pobreza es una obligación moral de toda la sociedad para lo que no se deben restar esfuerzos, pero estos no deberían recaer, por motivos ideológicos, de manera tan gravosa y desigual en un sector tan importante para nuestra economía, puesto que se está causando, incluso socialmente, un perjuicio mayor al beneficio esperado. El mero hecho que una empresa sea tenedora de más de diez inmuebles no debe hacerla diferente de aquella otra tenedora de más de diez camiones, buques, o fábricas. El mercado inmobiliario genera una enorme riqueza, que se materializa en una ingente cantidad puestos de trabajo y una importantísima recaudación vía impuestos para nuestra gigantesca Administración, además de afectar a sectores esenciales como la construcción, que siempre se ha considerado un motor de la economía al turismo, principal industria española; al mercado financiero, a los fondos de pensiones y demás productos de ahorro. En definitiva, a la entrada de capital inversor, que será un elemento clave para la pronta recuperación económica del país.
El populista argumento utilizado por el partido morado para justificar la autoría de estas medidas contra los ricos en socorro de los pobres resulta simplista, además de superado por la historia, que nos ha enseñado lo que ocurre cuando acostumbramos al pueblo al subsidio permanente a costa de esquilmar los recursos del Estado y de ahuyentar a la inversión privada que acabará recalando en otros países, donde se respete la propiedad, se fomente el ahorro, el esfuerzo y la solidaridad, único antídoto conocido contra la miseria y la pobreza en general.
El socio comunista del Gobierno ha tomado como bandera de su acción política adoptar todas las medidas posibles para intervenir en el mercado inmobiliario