Denuncian que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible “no es sostenible”
● Diecinueve entidades piden al Ayuntamiento que rectifique y amplíe el plazo de alegaciones
¿Es realmente sostenible el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla? Un total de diecinueve entidades sociales consideran que no y que sus criterios están poco definidos y sus objetivos desfasados, por lo que han pedido al Ayuntamiento de Sevilla que rectifique y tenga en cuenta las numerosas alegaciones que están presentando muchas de estas asociaciones antes de aprobar definitivamente este documento que marcará el futuro de la ciudad.
Agrupados en el Movimiento de Entidades por el Clima de Sevilla, estas entidades han advertido de cinco graves deficiencias. La primera es que el PMUS no cumpliría los requisitos de participación establecidos. El artículo 102 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible incluye la obligación de seguir la Guía del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía sobre la participación en la Elaboración de Planes Municipales de Movilidad Sostenible. “Esta guía detalla una serie de pasos participativos y pretende conseguir que la realización y elaboración de los PMUS logren un cambio modal de la movilidad. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla ha obviado el diseño e implementación de este proceso y se ha limitado a realizar consultas escalonadas sobre el borrador del plan ya terminado, siendo la ciudadanía la última en ser consultada”.
En segundo lugar, su ámbito de actuación no se ajustaría al funcional de Sevilla. “El Plan carece así de capacidad para plantear alternativas al 46% de vehículos, que, según el propio diagnóstico publicado, proceden del Área Metropolitana”. Estos colectivos inciden en que para que el modo más eficiente y económico de moverse sea el transporte público “es preciso crear una red metropolitana de transporte público completa, compuesta por la red de cercanías, las líneas de Metro y tranvía ya existentes, y nuevas líneas de Bus de Rápido Tránsito metropolitano con plataformas reservadas”.
Todo ello, además, precisaría de una unificación tarifaria y de la implementación de una tarjeta bonificada que permita el uso de todas ellas, y debe, a su vez, alimentarse con la red y las infraestructuras para la bicicleta –igualmente metropolitana– y los vehículos de movilidad personal. “En suma, todas estas actuaciones serían realizables en mucho menos tiempo y con mucho menos coste que lo que plantea el plan presentado por el Ayuntamiento”.
En tercer lugar, denuncian que pese a que la declaración de intenciones dice querer invertir la distribución del espacio público en favor de los modos más sostenibles, es un documento que sigue priorizando al vehículo privado motorizado en la distribución del espacio público.
“El Plan no dibuja cómo se reduce la red de prioridad para el coche, no visualiza la red peatonal ni se incluye la red completa de caminos escolares seguros y saludables, no se presenta un plano de red ciclista (velocidad: calles 30, 20 y 10), no se consideran los vehículos de movilidad personal como una alternativa al coche privado, no se presenta ningún plano de reestructuración de la red de transporte público ni de la red de plataformas reservadas que le daría soporte, y tampoco se recogen medidas que permitan mejoras significativas en velocidad comercial y frecuencia de paso de las líneas principales”.
En cuarto lugar, advierten que no responde al contexto actual, en el que se superponen la emergencia climática y sanitaria, que requieren actuaciones drásticas y urgentes sobre la movilidad y el espacio público, ni considera las crisis económica, social y energética que van a condicionar su desarrollo. “Pese a que se refiere a la declaración de emergencia climática, ni la nombra ni cita sus objetivos de reducción de un 45% de las emisiones respecto a los niveles de 1990, ni presenta medidas e indicadores que permitan comprobar que se reduce en el 7% anual las emisiones asociadas a la movilidad y el transporte. En su lugar, se remite a la referencia desfasada de los Paces, que toman 2005 como año de referencia para reducción de emisiones y se fijan un objetivo de reducción de un 40% respecto a dicho año. En consecuencia, los objetivos que se marca de reducción de emisiones quedan muy por debajo de lo que la emergencia climática requiere”.
En quinto y último lugar, señalan que no contiene una propuesta económico financiera ni un sistema de seguimiento y evaluación, basado en indicadores, que permitan evaluar el cumplimiento del plan. Además, estas entidades tampoco están de acuerdo con la longitud del periodo de sugerencias, tan sólo de “20 días hábiles”, ya que fue el 5 de enero cuando se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio por el cual se pone a disposición de la ciudadanía el texto del PMUS, y se abrió el plazo de consultas hasta el 3 de febrero. “Por tanto, el Ayuntamiento ha optado por un proceso burocrático alejado de la ciudadanía. Este proceso deja en manos del Consistorio la última palabra, que podrá, sin más, rechazar las sugerencias”.
Las entidades que firman el documento son: Acción en Red, A Contramano, Ampes, Andalucía Viva, Asamblea de Cooperación por la Paz, Asociación de Defensa del Territorio del Aljarafe, CCOO Sevilla, Ecologistas en Acción, Ecourbe, Enlázate por la Justicia Sevilla, Facua Sevilla, Greenpeace, Parque Vivo del Guadaíra, Plataforma de AMPA y familias Escuelas de Calor, Red Sevilla Por El Clima, Sevilla Consciente, Sociedad Civil Sevillana, Som Energía (Grupo Local de Sevilla) y Universidad y Compromiso Social.
Los colectivos advierten que el PMUS sigue priorizando el vehículo privado