Vox y Adelante desentierran la polémica por el ‘pin parental’

● La Junta niega que obligue a los colegios a pedir la autorización familiar para ciertas actividades

Un año después el pin parental ha resurgido. La polémica educativa con la que arrancó 2020 y que ya parecía superada ha vuelto a la palestra informativa. Y no porque sea un debate suscitado en la comunidad educativa. Ni mucho menos. Su nueva aparición mediática obedece al enfrentamiento político entre los dos extremos del hemiciclo andaluz: Vox y Adelante, lo que ha obligado a la Consejería de Educación a aclarar una cuestión que ya quedó zanjada.

El acuerdo al que ha llegado el consejero de Educación, Javier Imbroda, con el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, no supone en ningún momento que los colegios estén obligados a pedir la autorización de las familias para que sus hijos participen en actividades complementarias, un consentimiento conocido como pin parental. Lo que se ha firmado busca que los padres conozcan con la mayor de las “transparencias” el proyecto de los centros donde van a matricular a sus hijos y que, en el proceso de escolarización, se les informe de las actividades que desarrollan. De esta manera, se evita que la dirección tenga que pedir un permiso, pues las familias ya son conscientes del tipo de actividades que, en horario lectivo o fuera de él, ofertan. Eso es por lo que abogó Imbroda hace un año, cuando surgió esta polémica, y es lo que Vox ha aceptado en dicho acuerdo. Ni más ni menos.

Aunque el texto del acuerdo resulta bien claro, ha servido para la enésima polémica en la enseñanza. El primero en encender la llama fue el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, quien calificó de “gravísimo” el acuerdo entre la Junta y Vox . Para Valero, esta firma supone “ceder a los chantajes de la extrema derecha”.

La polémica trascendió ayer del ámbito político y entró de lleno en los agentes educativos. Los sindicatos han comenzado a pronunciarse. CCOO y Ustea manifestaron “su rechazo contundente al supuesto ‘pin parental’”, por lo que exigieron a Imbroda la “inmediata retirada” del acuerdo con Vox. UGT, por su parte, fue más prudente y pidió explicaciones al titular de Educación. También solicita la reunión de la mesa sectorial “para ser informados de los términos en los que se ha firmado dicho acuerdo”.

Imbroda ya defendió en 2020, ante las amenazas de Vox de romper el acuerdo presupuestario si no se incluía el pin parental, la autonomía de los centros, por lo que abogó por dar más información durante la escolarización.