Orden de desahucio para la residencia y el centro de día de mayores de Asisttel
● La empresa debe más de 400.000 euros al fondo de inversión propietario del edificio ● Un administrador concursal se ha hecho cargo, cuando hay orden de dejarlo vacío antes del lunes
Cuando se está intentando que ninguna familia que no pueda pagar el alquiler o la hipoteca por la pandemia sea desahuciada, la situación podría darse en Sevilla con un centro de mayores. En concreto, hay una orden de desahucio que podría ejecutarse de forma inminente y que afecta al edificio en el que se encuentran la residencia de mayores y la unidad de estancia diurna de la empresa Asisttel, en Tomares, al frente de los cuales ya estaría un administrador concursal.
Al parecer, la empresa no paga el alquiler al propietario –un fondo de inversión que querría disponer del edificio, situado junto a la A-49– desde mayo de 2019 y habría acumulado una deuda de más de 400.000 euros, según adelantó hace unos días la Cadena Ser. La orden de desahucio ya se aplazó una vez, a mediados del mes de enero, para dar tiempo al realojo de los mayores. Pero el nuevo plazo acaba ya el lunes, sin acuerdo ni alternativa de momento.
Según algunas fuentes consultadas, Asisttel habría presentado hace unos días un plan de pagos para saldar la deuda y evitar el lanzamiento, aunque los propietarios no lo habrían aceptado.
Según informó la plantilla, ayer pudieron mantener una reunión con un administrador concursal que, según señalan, habría asumido el control desde el pasado martes y que indicaría que la empresa ha entrado en concurso de acreedores, aunque este extremo no fue posible confirmarlo con Asisttel.
Este administrador tenía previsto reunirse después con el juez para exponer la situación, aunque, salvo novedad, el edificio debería vaciarse antes del lunes. Otros trabajadores explicaron que tuvieron conocimiento de la situación el pasado 13 de enero, cuando la empresa informó tanto al personal como a las familias de lo que ocurría. La empresa no mantiene deudas con la plantilla, aunque sí las ha habido en otros momentos.
Si no se halla una solución, hay riesgo de que cerca de medio centenar de trabajadores se queden en la calle. En la residencia hay 31 mayores, muchos de ellos dependientes, que tendrían que ser ubicados en otros centros si los familiares no pueden hacerse cargo. Se da la circunstancia, además, de que en el asilo no se ha registrado ningún contagio de Covid19 en pandemia y completó el proceso de vacunación.
Desde la Consejería de Igualdad señalaron ayer que el departamento está en contacto con el juez, el Ayuntamiento y el propio centro. Aunque todas las plazas en la residencia son privadas, la Junta facilitaría el realojo de los residentes que no puedan ir a otro centro o alojarse con familiares.
En el caso del centro de día, cuenta con 70 plazas en total, aunque ahora son menos ocupadas por las medidas de distanciamiento para evitar conta
Hay 31 residentes y 70 usuarios del centro de día afectados, junto a unos 50 trabajadores
gios. Entre éstas, sí hay 47 concertadas con la Junta. Igualdad facilitaría del mismo modo el acceso a otros centros cercanos a los usuarios que no tengan alternativa, señalaron las fuentes de la Consejería, que siguen pendientes de lo que ocurra en las próximas horas. Familiares de usuarios y residentes también han remitido un escrito al juez solicitando que el desalojo no se produzca, por las consecuencias que podría tener el cambio en personas muy mayores y con graves dolencias, acostumbradas a su centro y al personal que les atiende.