El CGPJ confirma que el juez de refuerzo seguirá al frente de las macrocausas
● María Núñez Bolaños deja los casos tras la decisión no unánime del Poder Judicial
El juez Vilaplana seguirá al frente de las macrocausas. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló ayer el pacto alcanzado entre la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y el magistrado de refuerzo José Ignacio Vilaplana para que sea éste quien continúe la instrucción de las macrocausas que se investigan en este juzgado, como la de los ERE, los cursos de formación o los avales y préstamos de la agencia IDEA.
El CGPJ rechazó los cuatro recursos de alzada presentados por las defensas de 18 de los investigados en las distintas macrocausas contra la resolución de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del pasado 14 de septiembre, que aprobó la nueva atribución de las macrocausas según la propuesta realizada por Bolaños y Vilaplana. Los abogados de los investigados pueden ahora impugnar la decisión del máximo órgano de gobierno de los jueces ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, un paso que algunas de las defensas ya habían anunciado que darían en el supuesto de que no se atendiera el recurso.
La decisión de la Comisión Permanente no ha sido unánime, dado que ha contado con el voto en contra del vocal progresista Álvaro Cuesta, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). De hecho, los recursos iban a ser resueltos en la reunión de la comisión la semana pasada, pero al final se retiró del orden del día para seguir estudiando el caso, de lo que se desprende que ya existía al menos la discrepancia de este vocal sobre la respuesta que se debía dar a los recursos.
Las defensas habían alegado en sus recursos que el pacto alcanzado por los dos jueces para la redistribución del trabajo en el juzgado que instruye las macrocausas vulneraba el derecho al juez natural predeterminado por la ley, por lo que pedían que se anulara dicho acuerdo y fuese Bolaños quien continuara la investigación.
En uno de los recursos, una de las defensas advertía de que el reparto de los asuntos entre Bolaños y Vilaplana se llevó a cabo conforme a los “criterios fijados por ellos mismos, ajenos por completo a los predeterminados por la ley, que en ningún caso previene que pudieran asumirse por el juez de apoyo aquellos que estaban atribuidos a la juez titular antes de su baja”, por lo que el pacto “desborda la competencia señalada por la ley y los criterios que para su reparto vienen predeterminados”.
Y finalmente, añadía esta defensa, el acuerdo tiene como efecto el “apartar” a la juez titular de los macrojuicios, aquellos respecto de los que la instructora “ha venido manteniendo criterios que si bien son reiteradamente confirmados” por la Audiencia, “resultan abiertamente contrarios a los que mantiene la Fiscalía Anticorrupción”, que fue precisamente la que denunció a la magistrada por supuestas faltas graves o muy graves que fueron rechazadas con rotundidad en el informe realizado por los inspectores del CGPJ. Y con ese acuerdo, prosigue la defensa, “el juez de apoyo asume indebidamente todos esos macroprocesos, en los que mantiene criterios conformes con los de la Fiscalía Anticorrupción”.
Hasta 18 acusados en los distintos casos habían presentado un recurso contra el pacto