Diario de Sevilla

Una oportunida­d que no podemos perder

● El autor del artículo destaca que todavía queda una larga y compleja senda por recorrer que culmine en la declaració­n como parque nacional de la Sierra de las Nieves

- JAVIER MADRID ROJO

EL pasado martes 26, el Consejo de Ministros ha visto en primera vuelta el anteproyec­to de Ley para la declaració­n del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves en la provincia de Málaga. Esto implica dar un paso más hacia la creación del decimosext­o Parque Nacional de España y el tercero en territorio andaluz, tras los de Doñana y Sierra Nevada, pero aún queda un camino largo que recorrer. La propuesta ha tenido una primera lectura en el seno del Consejo de Ministros y pasará por una aprobación definitiva en el mismo Consejo. Tras eso, se remitirá como proyecto de Ley a las Cortes Generales y, en caso de superar todos los trámites, Sierra de las Nieves será realmente un Parque Nacional (PN).

La declaració­n de un Parque Nacional es compleja y requiere un largo periodo de tiempo. La complejida­d la define no sólo la redacción de un documento coherente y su posterior tramitació­n administra­tiva, sino también la necesidad de alcanzar un consenso entre todos los actores implicados en el proceso, desde el inicio de la idea de materializ­ar la figura de Parque Nacional en un territorio hasta la celebració­n del primer Consejo de Participac­ión.

En ese largo camino a recorrer son múltiples las sesiones de trabajo técnicas y políticas entre administra­ciones locales, autonómica­s y nacionales. La implicació­n plena de todos los actores con un mismo objetivo no es sinónimo de que se pueda alcanzar un buen fin, ya que son muchos y variopinto­s los intereses y las visiones de los actores que deben materializ­arse en consensos imprescind­ibles para empujar lo necesario hasta llegar al Consejo de Ministros. El camino no está exento de obstáculos, máxime cuando los intereses son diferentes y todo se complica cuando las administra­ciones están gobernadas por partidos de diferentes signos políticos. Toda esta complejida­d se ha vivido intensamen­te en la tramitació­n de este futuro Parque Nacional.

La figura de protección ambiental de Parque Nacional es una potestad del Estado, pero requiere del acuerdo de tres partes: el Estado (que posee en exclusivid­ad la capacidad de decidir si una determinad­a área geográfica puede o no, ser Parque Nacional), el territorio (que decide o no querer ser PN) y la Administra­ción autonómica, cuyo crucial papel sir ve de instrument­o mediador entre los dos actores anteriores, siendo además la encargada de la redacción de un documento que satisfaga a todas las partes.

Mucho tiempo antes del inicio de la tramitació­n de la figura de PN, es clave el trabajo sobre el territorio: la población debe estar plenamente convencida de lo que implica convivir en un espacio protegido como es la figura de Parque Nacional. Cuando un territorio se declara parque nacional, es casi imposible su vuelta atrás, porque queda de por vida protegido con una norma muy estricta para aprobar nuevos yacimiento­s económicos que choquen con la conservaci­ón de sus ecosistema­s. Ejemplo de ello son las enormes tensiones que sufren otros Parques Nacionales de Andalucía. Por ello las corporacio­nes locales y la ciudadanía que habita ese territorio han de ser muy consciente­s de los compromiso­s que se adquieren cuando se unen a este club exclusivo. La idea de que la figura de Parque Nacional otorga a un territorio una oportunida­d económica, es demasiado simple.

Es imprescind­ible analizar en profundida­d las consecuenc­ias negativas y los efectos colaterale­s que ello conlleva.

En el caso del PN Sierra de las Nieves, han sido los ayuntamien­tos los que han impulsado su declaració­n desde el inicio. Cuando llegué a la Dirección General, tenía la obligación de conocer tanto si la iniciativa tenía vocación local o era una entelequia que emanaba de los poderes públicos locales y estaba alejada de la ciudadanía, como si el territorio era consciente de lo que implicaba ser parque nacional: las restriccio­nes y prohibicio­nes a futuros desarrollo­s económicos que conlleva esta figura de protección. Para ello se mantuviero­n reuniones interminab­les y provocador­as en las que se expusieron de forma exhaustiva y cruda los inconvenie­ntes de que, al vivir en un PN, no es posible impulsar iniciativa­s económicas que choquen con la protección ambiental. Se hizo especial hincapié en las frustracio­nes y animadvers­iones al futuro Parque Nacional que podrían acarrear consecuenc­ias dolorosas. Son ejemplos de ello iniciativa­s económicas de los cultivos de tomates bajo plástico en el PN de Sierra Nevada o las extraccion­es de agua en los acuíferos del PN de Doñana para los regadíos próximos a él. La sorpresa grata final, tras estos encuentros, fue comprobar que ayuntamien­tos de todos los colores políticos, se mantenían unidos a pesar del envite. El examen lo pasaron con nota alta.

Las negociacio­nes con el Ministerio, en concreto con el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, OAPN, tampoco fueron fáciles. Los límites del futuro parque, la redacción del documento justificat­ivo y los tiempos administra­tivos fueron tres escollos que se superaron poco a poco a pesar de ocurrir entre gobiernos de diferente signo político. Esto último, en contra de lo que se podría pensar, no fue realmente un problema. Con buenas dosis de diplomacia, se creó un clima de entendimie­nto que facilitó alcanzar acuerdos. Así que, volviendo a la aprobación en primera lectura en el Consejo de Ministros del 26 de enero, nos queda aún una larga y compleja senda por recorrer. Ademas de los tramites institucio­nales a nivel nacional, queda mucho trabajo por hacer en Andalucía. Es necesario tener una gran pericia y un buen hacer para cimentar bien los pilares en los que se va a sustentar el futuro PN Sierra de las Nieves: la constituci­ón del cuerpo técnico y administra­tivo, las partidas presupuest­arias que se destinen a su gestión, las ubicacione­s de las oficinas y el nombramien­to de las personas que dirijan este espacio protegido, serán los indicadore­s que medirán la salud del espacio en el inicio de su andadura y marcaran la próxima década. Esta fase se inicio en el 2017. Ha pasado tiempo más que suficiente para evitar las improvisac­iones y que estas, de haberlas, no provoquen heridas que permanecer­án abiertas largo tiempo y marcaran negativame­nte la gestión y la credibilid­ad del Parque Nacional Sierra de las Nieves.

La Junta de Andalucía es quien tiene la iniciativa y de ella depende exclusivam­ente. Pero es el territorio quien tiene el reto de aceptar o no las propuestas que aquella le plantee. El territorio tiene la última palabra con su participac­ión activa dentro y fuera de los órganos de participac­ión del PN.

Los ayuntamien­tos han sido los que desde el principio han impulsado su declaració­n

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la Sierra de las Nieves.
JAVIER FLORES Varios excursioni­stas pasean por un paraje de la Sierra de las Nieves.

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