Siete detenidos por un fraude idéntico al que ha salpicado al juez Serrano
● Los sospechosos crearon una trama para solicitar una subvención de 2,1 millones de euros al Ministerio de Industria para construir una fábrica de pellet, que ni siquiera proyectaron
La Policía Nacional ha detenido a siete personas y tomado declaración como investigadas a otras tres por su presunta participación en un fraude de subvenciones. Se trata de un caso idéntico al que se ha visto involucrado el juez y ex líder regional de Vox Francisco Serrano. Al igual que en el asunto del magistrado, en este caso también se pidió una ayuda al Ministerio de Industria para fabricar pellet.
Según informó ayer la Policía Nacional en una nota de prensa, el valor del fraude en las subvenciones concedidas asciende a 2,1 millones de euros. A todos los sospechosos se les imputa un delito contra la administración pública por formar parte de una trama de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó en el año 2015, cuando un grupo de empresarios –miembros de una misma familia y varias personas de su entorno– que gestionaban diversos negocios en Coria del Río solicitaron, a través de una gestoría de la localidad, una subvención ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por un importe de 2,1 millones de euros. La finalidad era la construcción de una fábrica de pellets, unas pastillas de madera utilizadas para combustible en calderas ecológicas y de mayor eficiencia.
La subvención fue aprobada y cobrada, pero dos años después, no había ni rastro de la fábrica de pellet ni tampoco nada del proyecto en marcha. Así, en 2017, ante la falta de justificación de la ejecución del proyecto, el Ministerio de Industria solicitó el reintegro de los fondos públicos, con sus correspondientes intereses.
Los empresarios abonaron dos cuotas y luego cesaron en los pagos. Por este motivo, los servicios jurídicos del Ministerio, tras agotar las reclamaciones en la vía administrativa, presentaron en el año 2019 una denuncia ante la Fiscalía. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción Mixto número 2 de Coria del Río, donde el principal investigado recurrió a una estrategia muy común entre quienes se enfrentan a la acción de la Justicia: echarle la culpa a un muerto.
Este hombre declaró que todo había sido obra de uno de los socios, que había fallecido en el año 2016. Por ello, él desconocía los hechos al encontrarse en el extranjero, concretamente en México, atendiendo sus negocios particulares.
La investigación policial, llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de Sevilla, permitió conocer que los fondos, tras ser abonados por el Ministerio de Industria, fueron inmediatamente transferidos a una cuenta corriente de una sociedad controlada por personas del entorno de los investigados. Esta empresa desarrollaba su actividad, que supuestamente era la fabricación de cuchillos, en un polígono industrial de Albacete.
Desde la cuenta de esta sociedad, el dinero fue transferido a su vez a otras cuentas corrientes de sociedades vinculadas a las personas que formaban el grupo empresarial investigado. Y desde estas últimas, a terceras cuentas, en un complejo entramado societario y bancario.
El pasado día 9 de febrero, un gran operativo policial en el que participaron agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Sevilla y Albacete, así como policías de la comisaría local de Coria del Río, culminó con la detención de siete personas presuntamente responsables de los delitos de fraude en subvenciones públicas y blanqueo de capitales, así como la imputación de los mismos hechos a otras tres personas.
También se llevaron a cabo dos registros en oficinas de la empresa investigada situadas en Coria del Río y Albacete. En el caso de la sociedad de Coria, el registro tuvo cierto morbo, pues la sede de la empresa está ubicada en el mismo edificio de los juzgados, en una planta superior. En Albacete, los policías encontraron la nave completamente arrasada, sin maquinaria alguna.
Además de las detenciones e imputaciones, la Policía bloqueó más de 150 cuentas bancarias y embargó más de 100 inmuebles para asegurar las responsabilidades penales y civiles. Los miembros de esta trama habían solicitado otra ayuda pública por un importe más elevado aún, y la tenían ya concedida. La investigación policial, por tanto, ha permitido no sólo detectar el fraude llevado a cabo, sino otro que presumiblemente iban a cometer con una nueva subvención.