Ni la Junta ni el Estado deben pagar por paralizar El Algarrobico
● La Administración no es responsable de los daños que haya podido sufrir, según la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ha rechazado que Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras tengan que indemnizar a la empresa promotora del hotel levantado en el paraje de El Algarrobico, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar y violando la Ley de Costas.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza la pretensión de Azata del Sol, que demandó a las tres administraciones el pago conjunto y solidario de una indemnización de más de 70 millones de euros para resarcir los “daños y perjuicios” derivados de la situación jurídica del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, cuya obra fue paralizada por orden judicial en 2005 cuando estaba al 94 por ciento de ejecución.
La cifra incluía un 5% por daño moral según la tasación realizada por la sociedad Tinsa de acuerdo no sólo al valor del suelo y del hotel, sino también teniendo en cuenta el daño moral, material y el descrédito empresarial a la mercantil.
La sala considera en la resolución que no ha quedado acreditado que los daños económicos originados a la empresa sean imputables a la Administración.
La reclamación contra la administración del Estado giró en torno al “dilatado e irregular procedimiento administrativo” para el deslinde y fijación en 100 metros de la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre en la franja litoral donde esta el hotel, que se hizo después de “haberse edificado con todos los permisos y autorizaciones necesarios y de conformidad al Plan Parcial de Carboneras de 1988 y al expediente provisional de deslinde que fijaba la anchura de protección en 20 metros”.
La promotora fundamentó la demanda contra la Junta en la aprobación del citado Plan Parcial, donde se habría establecido la franja en 50 metros “pese a que el Estado había informado que debía establecerse con una anchura de 100 metros” y le imputaba también que aprobó la revisión de la normativa urbanística municipal “prescindiendo de estas recomendaciones, otorgando las correspondientes licencias y autorizaciones para la apertura del hotel, hasta el punto que retiró las competencias al Ayuntamiento en 1997 para aprobar el proyecto de urbanización de El Algarrobico”.
Por último, contra el Ayuntamiento, la promotora del hotel esgrimió que “otorgó licencia de obras para el complejo en enero de 2003, así como calificación ambiental favorable y licencia de actividad el 3 de marzo de 2003”.
La promotora del hotel había reclamado el pago conjunto de más de 70 millones de euros