Diario de Sevilla

“La credibilid­ad del testigo número 1 era cero”

● El tribunal no pudo contrastar lo que habían declarado los testigos del caso Arny que se retractaro­n ● El Supremo no modificó ni uno solo de los hechos probados de la sentencia

- Amanda González de Aledo

El 19 de marzo se cumplirá el 25 aniversari­o de la sentencia del caso Arny de corrupción de menores, que en 1996 convulsion­ó a la sociedad española y destrozó la honorabili­dad de un juez y de otros personajes públicos que finalmente fueron absueltos. El ponente de la sentencia, Ángel Salas Gallego, ahora magistrado de la Sala de lo Contencios­o del TSJA en Sevilla, recuerda en esta entrevista los aspectos jurídicos de un caso que ha recobrado actualidad por la detención del testigo número 1 acusado de su tercer asesinato.

–¿Cuál era la principal preocupaci­ón del tribunal?

–Que el juicio se celebrara y sin problemas. Era complicado porque había 48 acusados, treinta y pico abogados y 59 testigos protegidos. Respecto a los acusados, todos tenían que estar presentes en todas las sesiones por las penas que se les pedían. Eso fue una labor de intendenci­a importante y no pudimos celebrar el juicio en nuestra sala, sino en el salón de plenos de la Audiencia.

–¿Algo le dio especial trabajo? – Cotejar lo que había dicho cada uno de los testigos en cada una de sus declaracio­nes. Los testigos declararon muchas veces en función de a quien acusaban y mi labor fue estudiar todo, hacer un guión, saber en qué folio estaba cada una de las declaracio­nes, qué decían, a quién incriminab­an y tener todo organizado para, en el momento de la deliberaci­ón, ver lo que dijo cada uno y en función de eso tomar la decisión de si era procedente o no una condena. Fue una labor minuciosa,

En este caso hubo muchos testigos que se desdijeron y no pudimos valorar lo que habían dicho antes”

no dejamos escapar absolutame­nte nada. En ocasiones los abogados se confundían de testigo, pero se equivocaro­n bastante poco teniendo en cuenta los más de 30 tomos que tenía el sumario.

–¿Desde el punto de vista jurídico era complicado?

–Había dos problemas técnico-jurídicos: el primero era que del Código Penal de 1995 había desapareci­do la palabra corrupción de menores y sólo hablaba de prostituci­ón. Las defensas, basándose en una sentencia que acababa de salir del Tribunal Supremo, planteaban que no se podía prostituir a quien ya estaba prostituid­o. Esa sentencia abandonaba una línea jurisprude­ncial anterior, pero era una sola y para crear jurisprude­ncia hacen falta dos. Por eso hicimos caso omiso de ella y nos acogimos a la línea anterior diciendo que si se sigue prostituye­ndo a una persona, se impide que se rehabilite y que deje de ejercer esa actividad. No hubo problemas en ese sentido, porque entre nuestra sentencia y los recursos ante el Tribunal Supremo ya se había reunido un pleno de la Sala Segunda que invalidó aquella sentencia.

El segundo problema técnico fue que durante la fase de instrucció­n se aplicó la Ley de Protección de Testigos y las defensas no habían intervenid­o en los interrogat­orios de los jóvenes. En un juicio normal, el tribunal puede cotejar lo que se ha dicho antes y lo que se ha dicho en el juicio y dar mayor verosimili­tud a una u otra declaració­n. Pero, según la Ley de Protección de Testigos, si no dicen en el juicio lo mismo que dijeron anteriorme­nte, el tribunal no puede decidir que se cree lo de antes. En este caso hubo muchos testigos que se desdijeron y no pudimos valorar lo que habían dicho anteriorme­nte.

–¿Veía a los testigos protegidos débiles o indefensos?

–No, normales. Eran chicos de extracción humilde, algunos de pueblos de la provincia de Cádiz, Huelva y Sevilla. En el Arny tenían claro a lo que iban: a por un dinero fácil, que tampoco era mucho, unas 5.000 pesetas [30 euros]. Antes del juicio hablamos con el coronel de la Guardia Civil y con la Jefatura de la Policía Nacional y

Local, y fueron ellos los que se encargaron de traer a los testigos en sus coches patrulla. El servicio que prestaron fue extraordin­ario para protegerlo­s y que no se les identifica­ra.

–¿Y el testigo número 1 que desencaden­ó la investigac­ión?

–Su credibilid­ad era cero porque había hecho muchas declaracio­nes y cada una contradecí­a a la anterior, hacía una nueva y contradecí­a las dos anteriores. Uno no se podía fiar en absoluto. En la fase de instrucció­n había una declaració­n de lo más llamativa donde reconocía que si la prensa le pagaba lo que él pedía, declaraba lo que quisieran.

–¿Era previsible la deriva de este joven?

–Parece ser que lo han detenido por un homicidio que no es el primero, sino el tercero. No sé si será por maldad o por la enfermedad derivada de la drogas.

–¿Cómo se desarrolló el juicio? –Fueron cinco meses, de lunes a jueves por la mañana y además los lunes y martes por la tarde. Los viernes mis compañeros de tribunal, Agustín del Río y Francisco Sánchez Recuero, resolvían las apelacione­s que seguían entrando en la sala. La presidenci­a de la Audiencia y el pleno de magistrado­s nos relevaron de funciones mientras durara el juicio y yo estaba relevado también de apelacione­s. Pusimos la sentencia a los 20 o 25 días de terminar el juicio. –¿Temían algún aspecto que pudiera revocar el Supremo? –Cuando dicto una sentencia lo hago totalmente convencido y si la confirman es una satisfacci­ón, pero siempre que me recurren una resolución es una tranquilid­ad que haya un tribunal superior que la va a revisar.

–¿Se sintió reconforta­do cuando la confirmaro­n?

–Una de las cosas que me gustó es que el ponente en el Tribunal Supremo fue Carlos Granados, que había sido profesor mío de Derecho Procesal. La sentencia del Supremo casó en parte la nuestra porque nosotros habíamos condenado a los porteros y camareros como coautores del delito y el Supremo rebajó su participac­ión a cómplices. Pero no tocó ni uno solo de los hechos probados.

–Pese a la seriedad del juicio, ¿recuerda alguna anécdota? –Recuerdo que uno de los acusados tenía una hoja histórico-penal impresiona­nte, había sido condenado por decenas de hurtos, apropiacio­nes indebidas y estafas. Cuando el presidente del tribunal le preguntó por su profesión, respondió: “He sido gestor de patrimonio­s ajenos”. –¿Cómo vería el juicio celebrándo­se hoy en día?

–Lo vería igual. Fue probableme­nte el primer macrojuici­o que hubo en Sevilla, aunque antes en la Sección Tercera habíamos tenido otros juicios mediáticos como varios sumarios del caso Juan Guerra, algunos con ocho o diez acusados.

–¿Ha cambiado el trabajo de un juez en estos años?

–Tenemos ahora mismo unos mecanismos de apoyo importante­s, yo en aquellos tiempos era de los pocos jueces que usaba el ordenador, aunque ya se iba generaliza­ndo. Las instalacio­nes siguen siendo penosas. Nuestro trabajo es el mismo: trabajar mucho, por la mañana aquí y por la tarde en casa, que es lo que hacen el cien por cien de los jueces.

Los chicos eran de extracción humilde y tenían claro que iban a por un dinero fácil, que tampoco era mucho”

 ?? M. G. ?? El magistrado de la Sala de lo Contencios­o-Administra­tivo del TSJA Ángel Salas Gallego, fotografia­do en su despacho.
M. G. El magistrado de la Sala de lo Contencios­o-Administra­tivo del TSJA Ángel Salas Gallego, fotografia­do en su despacho.

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