La Junta salva el decreto de las viviendas irregulares tras un acuerdo con el Gobierno
● El Ejecutivo central consideraba que la norma vulneraba las competencias estatales sobre suelo
Gobierno y Junta han alcanzado un acuerdo en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en torno al Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares que evita que el Ejecutivo central presente recurso contra esta norma ante el Constitucional.
Ambas administraciones acordaron a finales de 2019 “iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas por el Gobierno en relación con los artículos 2, 3, 10 a 15, 20, 24 y disposición final primera” del citado decreto ley, que fue convalidado en el Parlamento en octubre de 2019 con el único rechazo de Adelante Andalucía. El Ejecutivo central entendía que, tal como fue aprobado por el Gobierno andaluz, el decreto “desborda los límites formales y materiales que, tanto el artículo 86 de la Constitución Española, como el propio artículo 110 del Estatuto de Autonomía, demandan al ejercicio de esta potestad normativa excepcional que permite atribuir al Gobierno unas funciones que habitualmente corresponden a las Asambleas Legislativas”.
El Gobierno advertía de que dicho decreto tiene “como finalidad esencial, tal y como reconoce la propia exposición de motivos, regularizar ‘alrededor de 300.000 viviendas’ que llevan décadas en situación irregular en el territorio andaluz”, y llamaba la atención sobre esa “argumentación” teniendo en cuenta que “un Decreto-ley es un instrumento normativo excepcional que se fundamenta en situaciones de urgencia”.
El acuerdo alcanzado, consultado por Europa Press, recoge el compromiso expreso de la Junta de incluir una nueva disposición final en el decreto ley relativo a “reglas específicas de aplicación derivadas de la legislación de costas y de su desarrollo reglamentario” y de derogar un apartado de la disposición adicional primera que exceptúa a las actuaciones “en suelo urbano o urbanizable” para remitir a la legislación básica estatal. Por su parte, el Ejecutivo central se compromete a instar una iniciativa legislativa “para establecer en la Ley de Costas una regulación específica sobre el plazo de prescripción de las acciones en la zona de influencia del litoral”.
La iniciativa contempla dar luz verde a 300.000 casas sin regularizar en la región