TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS MÁS CAROS

LA intención de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de reformar la Ley de Tasas y Precios Públicos de Andalucía presenta luces y sombras. En primer lugar hay que admitir que urgía ya una actualización de una norma que se remonta a 1988 y en la que algunas de las tasas figuraban aún en pesetas. Sin embargo, y por mucho que se esfuerce el Gobierno andaluz en ocultarlo, es cierto que en este movimiento hay también un afán recaudatorio. En concreto, el proyecto de la Junta supone un aumento 12,1 millones de euros (un 28,8% más) en la cantidad que la Administración autonómica recauda con estas figuras fiscales. El que una Administración plantee medidas para aumentar la recaudación no es, en principio, ni bueno ni malo. Todo dependerá del contexto del momento y, por supuesto, de la eficiencia en el gasto de ese nuevo ingreso. En principio, con una pandemia que ha disparado el gasto público en diversas ramas, entre ellas fundamentalmente la sanitaria, no habría que ponerle muchos peros a esta revisión al alza de las tasas y precios públicos de Andalucía. Sin embargo, no hay que dejar de recordar que una de las banderas que con las que el autodenominado Gobierno del Cambio llegó al Palacio de San Telmo fue la de la reducción de la presión fiscal, no su aumento. Aunque la Junta asegura que la subida de la recaudación se dará por la creación de “nuevos hechos imponibles”, también reconoce que se producirá por la “adaptación de nuevos hechos imponibles”. Más allá de este lenguaje técnico, lo cierto es que los ciudadanos tendrán que pagar más caras las tasas y precios públicos de la Administración andaluza. Especialmente afectado por el aumento de los precios se verá el campo y la pesca andaluza, lo que nos vuelve a recordar una vez más el poco tacto que los políticos actuales, independientemente de su ideología, tienen con el sector primario, aunque durante esta pandemia ha demostrado ser una actividad al alza y absolutamente imprescindible, sobre todo cuando los mercados internacionales se ven afectados.

Más allá de las justificaciones, lo cierto es que, si prospera la reforma de la ley, los ciudadanos tendrán que pagar más caras algunas de las tasas públicas