El Congreso aprueba con una elevada abstención el plan de ayudas a empresas
● Oleada de críticas en la convalidación del decreto sobre un paquete “ineficaz” y “tardío” de 11.000 millones a empresas para sobreponese a los efectos de la pandemia
El Pleno del Congreso de los Diputados mostró ayer su apoyo, aunque con una elevada abstención, a la convalidación del real decreto por el que se crea un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas. El decreto fue convalidado con 177 votos a favor, 59 en contra y 113 abstenciones, y será tramitado como proyecto de ley con el apoyo de prácticamente toda la Cámara.
Los grupos se posicionaron en sus intervenciones, dando su apoyo PSOE, Podemos, ERC, UPN y Coalición Canarias; con los votos en contra de Vox, JxCat y Foro Asturias, y las abstenciones del PP, Cs, PdeCat, PNV, BNG, CUP y EH bildu.
En general, la oposición mostró su disconformidad con el decreto por considerar las ayudas “insuficientes”, principalmente porque sólo podrán beneficiarse empresas pertenecientes a 95 sectores de actividad y dejará fuera a sectores como peluquerías, autoescuelas o tiendas de souvenirs.
Ante esto, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, defendió este fondo de ayudas porque, tras el daño “significativo” causado por la pandemia, “tenemos por delante semanas complicadas y hay que seguir ayudando a trabajadores, empresas y autónomos”.
La mayor parte de este paquete de ayudas, 7.000 millones de euros, serán ayudas directas a pymes y trabajadores autónomos y estarán gestionadas por los gobiernos regionales.
En este apartado se incluye la concesión de entre 4.000 y 200.000 euros para empresas y autónomos que hayan perdido al menos un 30% de sus ingresos, unos fondos que tendrán que destinar a pagar gastos fijos y deudas. Otros 3.000 millones de euros serán para avales destinados a reestructurar deuda de las empresas, y los 1.000 millones de euros restantes irán para la creación de un fondo de recapitalización para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables a medio y largo plazo.
Este paquete de 11.000 millones se suma a las cuantías dedicadas a la protección de empresas y trabajadores a través de los ERTE y a autónomos, así como la prestación de incapacidad temporal, todas ellas cuantificadas hasta finales del próximo mes de mayo cuando termina el estado de alarma.
También se añade a los 8.000 millones de los fondos React-EU, entre otros, contabilizando un total de 29.000 millones de euros en 2021, equivalentes al 2 % del PIB.
“Para afrontar la recuperación es imprescindible seguir actuando con anticipación, previendo dificultades y tomando medidas responsables, rigurosas y de calado para evitar daños estructurales en tejido productivo”, defendió la ministra, quien pidió a la Cámara el apoyo a la citada norma, recibiendo tras ello bastantes críticas.
La diputada del PNV Idoia Sagastizabal consideró que el decreto no es “eficaz” ni “eficiente”, ya que la crisis no ha afectado por igual a todos los sectores en todas las comunidades autónomas.
María Muñoz (Cs) criticó que se haya esperado un año para dar las primeras ayudas directas.
Desde Vox, la diputada Patricia Rueda denunció que el texto establece “tantos condicionantes” –entre los que destacó la obligatoriedad de mantener la actividad hasta junio de 2022– que hará “prácticamente imposible” que muchos negocios puedan acceder a las ayudas.
El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, consideró “una buena noticia” que el Gobierno de España haga “lo contrario” a lo que está haciendo la Comunidad de Madrid que, según él, es la única región que no ha dado “ni un mísero euro” en ayudas directas. La diputada del PP Elvira Rodríguez replicó que es “intolerable” que se use la tribuna para hacer campaña y acusó a Echenique de mentir.