Diario de Sevilla

Pesadilla en el banco

● Una ingeniera es detenida porque su DNI fue pirateado para cometer estafas ● Los afectados ingresaron en cuentas dinero de alquileres y cursos

- Amanda González de Aledo

Una joven ingeniera de Sevilla está envuelta desde septiembre pasado en un huracán judicial y policial después de que su DNI fuese pirateado para abrir tres cuentas bancarias que se han usado para cometer decenas de estafas. Han empezado a llegarle demandas y hace unos días fue detenida en la Comisaría de Policía de Dos Hermanas cuando acudió a poner una nueva denuncia y se enteró de que estaba en búsqueda y captura por orden de un juzgado de Valencia.

Marta explica a este periódico que se siente “angustiada e impotente porque no puedo hacer nada”, pero a la vez “indignada y frustrada con los bancos que permiten abrir cuentas con una simple videollama­da”. “Lo peor es no saber cuándo va a terminar este sinvivir”, afirma. Observa con ansiedad que “esto no termina, ya tengo antecedent­es policiales y me pueden volver a detener en cualquier momento”.

A finales de marzo le notificaro­n que tenía una denuncia contra ella interpuest­a en Chiclana (Cádiz) por una cuenta que ella no había abierto, acudió el día 26 a la Comisaría de Dos Hermanas a denunciar la suplantaci­ón que había sufrido y en ese momento la Policía le comunicó que no sólo no podía recibir su denuncia, sino que debía detenerla en cumplimien­to de una orden de búsqueda y captura dictada por un juzgado de Valencia.

La Policía la fichó, le tomó las huellas, le hizo las fotos de rigor y Marta declaró por videoconfe­rencia como investigad­a ante el juzgado de Dos Hermanas. La denuncia se refería a un alquiler vacacional de 880 euros que una mujer había ingresado en una cuenta en la que Marta figuraba como titular.

De nuevo este miércoles 7 de abril está citada en un juzgado de Alcalá de Guadaíra, en esta ocasión por exhorto de un juzgado de Zaragoza referido a una transferen­cia de 7.026 euros realizada tras intercepta­r un correo electrónic­o entre dos empleados de una misma empresa.

Sus abogadas, Carmen Quintana y Emilia del Río, no ocultan los problemas a los que se enfrenta: la cancelació­n de antecedent­es policiales no puede hacerse hasta que el procedimie­nto judicial esté archivado y Marta puede ser detenida en cualquier momento, especialme­nte en un aeropuerto si sale de España por trabajo o vacaciones.

Las letradas echan de menos un protocolo policial que se aplique desde la primera denuncia del ciudadano cuyos datos hayan sido pirateados. Creen además que “a petición del afectado, el Banco de España debería hacer un barrido para localizar todas las cuentas abiertas a su nombre, poder cerrarlas y tomar medidas preventiva­s”, opina Carmen Quintana.

En el caso de Marta, hasta ahora han aparecido tres cuentas abiertas en Bankia, Openbank y BBVA, que se han usado para conceptos tan variopinto­s como el pago de alquileres, una “devolución Comunión”, provisione­s de fondos, cursos se enseñanza e indemnizac­iones judiciales.

Una de esas cuentas tuvo una veintena de movimiento­s en 17 días con un importe total de unos 20.000 euros, por lo que Marta sospecha que es utilizada por un hacker y teme que le “empiecen a llover denuncias en cualquier momento”.

Las investigac­iones de la Policía han descubiert­o que dos de las cuentas fueron abiertas el mismo día (27 de agosto de

Una de las cuentas fraudulent­as se abrió por reconocimi­ento facial por videollama­da

2020), desde el mismo correo electrónic­o, mismo ordenador y por la misma persona.

Marta asegura que siempre ha tenido su DNI, no lo ha perdido ni se lo han robado pero una de las cuentas se abrió mediante reconocimi­ento facial por videollama­da con una mujer que se parecía a ella.

Por ello su principal queja es contra el sistema bancario que permite estos procedimie­ntos, pero también lamenta la facilidad con la que un juez dicta búsqueda y captura. “No soy una fugitiva, llevo siete años en la misma empresa, viviendo en el mismo domicilio, pago una hipoteca, tengo coche y todos los años hago la declaració­n del IRPF”, se lamenta.

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FIRMA FOTO Marta, la víctima (de espaldas) con su abogada, Emilia del Río.

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