LA LEY-COVID
AUNQUE hemos dado por supuesto que, en plena pandemia, nuestros gobernantes trabajaban sin descanso para sacarnos de la emergencia, al final resulta que las cosas no son exactamente así. Cuando nos acercamos al final de la larga pesadilla de seis meses de estado de alarma, donde el grueso de la actuación ha recaído sobre las comunidades autónomas, ahora resulta que el ejecutivo central no ha sido capaz de prever un marco legal adecuado para sustituir a la vieja y desfasada Ley Orgánica de 1981. Lo que simplificadamente se ha dado en denominar como Plan B.
Cualquiera podrá decir que, claro, en plena pandemia, ante la vorágine de urgencias médicas y las subsiguientes emergencias sociales, no es momento de ponerse a elaborar leyes, siempre necesitadas de un contexto de serenidad y reflexión y requiriendo largos plazos de tiempo por delante. Y sin embargo resulta que, mientras tanto, el ejecutivo ha batido el pasado año el récord de decretosleyes llegando a casi cuarenta. Se supone que tales decretos-leyes son elaborados por prestigiosos equipos de juristas que, a las órdenes del ejecutivo, se han movilizado con entusiasmo para establecer todo tipo de previsiones normativas y regulativas afectando al contexto de la crisis. Y a veces hasta en relación con cosas que no tenían nada que ver con la crisis. O sea, no cabe duda de que la potencialidad normativa del ejecutivo y la capacidad reflexiva de sus expertos juristas se ha mostrado en toda su plenitud.
¿Cómo es posible que durante casi un año tan prestigiosos equipos de juristas no hayan sido capaces de elaborar un proyecto de LeyCovid para tramitar de forma urgente ante las Cortes?
Es cierto que existen otras alternativas: precarias alternativas deducidas a partir de la legislación sanitaria, cuajadas de inseguridades e incertidumbres. ¿No será acaso que, en realidad, el Gobierno ha estado cruzado de brazos, o entretenido con campañas electorales y otras bagatelas? O más bien lo que sucede es que el Gobierno se mantiene en su conocido estado de autismo institucional, demostrando que solamente tiene capacidad para dialogar consigo mismo, y por eso prefiere al final la vía fácil del decreto-ley en lugar de buscar una normalización legislativa a través de una adecuada ley orgánica. Porque no olvidemos que, mientras tanto, se han aprobado numerosas leyes: no ya los decretos-leyes reconvertidos en leyes, sino hasta incluso alguna ley orgánica como la de eutanasia. O sea, a estas alturas los españoles debemos tener claro que el sistema funciona, y de que nuestro Parlamento también funciona con toda la celeridad que se necesite. No carecemos de capacidad normativa ni de un entramado institucional adecuado para ponerla en marcha.
¿Por qué engolfarse entonces en la rutina de los interminables decretos-leyes, en lugar de normalizar nuestro marco regulativo, de conformidad con la Constitución y con el sistema de fuentes, aprobando una ley orgánica con capacidad para limitar derechos fundamentales en el contexto de la pandemia? Cuando en un sistema democrático de tipo parlamentario el Ejecutivo renuncia ejercitar a su capacidad de diálogo con el legislativo, algo extraño y peligroso está comenzando a suceder: porque es evidente que no nos podemos mutar de un día para otro en un sistema presidencial, donde es más acusada la separación entre poderes y donde el diálogo ejecutivo-legislativo no es un elemento consustancial del sistema. Y si la dinámica interactiva entre legislativo y ejecutivo deja de funcionar, la propia lógica de nuestro sistema parlamentaria se estaría viniendo abajo.
Pensemos que simplemente ordenando y sistematizando el entramado regulativo de la numerosa serie de decretos-leyes aprobados, cualquier jurista acreditado podría pergeñar en un par de tardes un borrador de Ley Orgánica para tramitar por vía de urgencia ante el legislativo. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Acaso el ejecutivo espera obtener ventajas en un estado de confusión regulativa, haciéndole sudar tinta china a las comunidades autónomas? ¿Acaso hemos pensado que la vieja Ley Orgánica de estados de alarma del año 1981 era una institución eterna y permanente, en lugar de ser, como cualquier ley, modificable por otra ley posterior?
Si no percibimos que nuestro sistema institucional es un instrumento flexible al servicio de las necesidades cambiantes de la sociedad, si nos mantenemos en la arcaica y nefasta concepción de que las instituciones son como emanaciones divinas destinadas a permanecer a lo largo de los siglos, nuestra capacidad de respuesta general a las emergencias que nos trae la historia se estará viniendo abajo. Y en ese contexto, dejar sólo al Gobierno engolfado en su interminable serie de decretos-leyes es una de las vías más seguras para avanzar en la degradación de nuestro sistema democrático.
Ahora resulta que el Ejecutivo central no ha sido capaz de prever un marco legal adecuado para sustituir a la vieja y desfasada Ley Orgánica de 1981, el llamado Plan B