El alcalde censura la lentitud de la Justicia con Boliden y el nuevo proyecto minero
● Reclama que si se logra recuperar dinero de la limpieza se destine en parte al municipio, inmerso en una importante crisis social
El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández Garrido, ha censurado cómo de nuevo su municipio está siendo “víctima de la lentitud de la justicia”, por el hecho de que 23 años después de que se produjera la rotura de la balsa de lodos en la mina, siga empantanada en los tribunales la reclamación para que la multinacional Boliden, que tenía entonces la explotación, abone los más de 132 millones de euros gastados por el Estado y la Junta en la limpieza.
Garrido recuerda que Boliden declaró en quiebra su filial española, pero “se consiguió un embargo de la matriz sueca para hacer frente a los 132 millones”. En este sentido, cree que “parte de esa indemnización también pertenece a los vecinos y vecinas de Aznalcóllar” y sería el “justo pago del sufrimiento que vivimos tras aquel desgraciado día”.
Garrido ha venido insistiendo en que los tribunales también se deben dar prisa por resolver los recursos que pesan sobre la nueva adjudicación a una empresa que nada tiene que ver con aquel accidente, mientras que las administraciones agilizan los permisos para que el proyecto arranque.
Estas declaraciones se producen después de que la Junta haya reconocido que intenta llegar a un acuerdo extrajudicial con la empresa para cobrar parte de los 89 millones de ese dinero que corresponden a la Junta, aunque la empresa exige que en esta negociación entre también el Estado, a lo que el Gobierno central se niega y se remite al pronunciamiento del Supremo.
Frente a ello, el alcalde ha puesto de relieve la situación de Aznalcóllar, con “la mayor tasa de desempleo de Andalucía, pese a que somos uno de los municipios más ricos de Andalucía en recursos”.
“Aznalcóllar ya no aguanta más. Cada día son más las personas que lo están pasando mal, que no tienen ni para comer ni para poder pagar sus hipotecas, por lo que pido tanto al Gobierno de la Junta como a la Justicia que sean diligentes y pongan fin a tanto despropósito para que, de una vez por todas, seamos capaces de poder salir adelante con la fuerza del trabajo y la riqueza que se esconde bajo nosotros”.
También subraya que esta empresa que contaminó no es la que obtuvo la adjudicación en 2015 y que en ese proceso se comprometió “a restaurar y limpiar la zona contaminada de escombreras que no restauró Boli
El regidor subraya que la nueva adjudicataria no tiene que ver con la que provocó el vertido
den, ni tampoco la Administración andaluza” en los casi 15 años que controló la zona.
Desde el cierre de la explotación el 29 de enero el 2002 hasta marzo de 2015, cuando se adjudicó de nuevo, la Junta estuvo a cargo del plan de abandono, de restauración, del control y depuración de las aguas residuales, traspasando esas obligaciones con los pasivos ambientales y una plantilla de 28 ex mineros a la empresa Minera los Frailes.