Los jueces condenaron el año pasado once agresiones a personal sanitario
● La provincia registró de enero a junio de 2022 una media de casi un ataque diario
Los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recibieron entre enero y octubre de 2022 once sentencias favorables que han condenado a los autores de agredir a varios profesionales sanitarios de la provincia de Sevilla. Es decir, la justicia ha considerado probados en todos ellos los hechos denunciados por las víctimas durante el desempeño de sus funciones, que principalmente responden a delitos de atentados contra un funcionario público, amenazas, lesiones, coacciones o agresión, e impuesto las respectivas condenas correspondientes que pueden ir de seis meses a tres años de cárcel, además de multa y orden de alejamiento.
En cualquier caso, el hecho de que el paciente que ha agredido al sanitario entre en la cárcel depende de más factores, como el hecho de que tenga antecedentes penales o no, así como el tiempo de la condena que, si es inferior a dos años, no es necesario que se cumpla en el centro penitenciario.
Por su parte, la asesoría jurídica del SAS prestó asistencia letrada a un total de 51 profesionales sanitarios en Sevilla en el mismo periodo de tiempo y entre las 11 sentencias condenatorias se incluyen cuatro agresiones tipificadas como delito de atentado, es decir, fueron castigadas con un tipo agravado como es el haberse tratado de una agresión con uso de armas u otros objetos peligrosos; o ser considerado potencialmente peligroso para la vida de la víctima o que pueda causar lesiones graves, incluyéndose los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos; entre otros.
Según recoge un informe elaborado por la autoridad sanitaria al que ha tenido acceso este periódico, el delito de atentado contra la autoridad es la agresión o la grave oposición de resistencia (con intimidación grave o violencia) a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones. “La acción castigada puede consistir en agresión, resistencia grave con violencia o intimidación grave o acometimiento. Es un delito doloso que requiere el propósito de la ofensa. El bien jurídico protegido en el delito de atentado contra la autoridad es la garantía del correcto funcionamiento de los servicios y funciones públicas”, detalla el documento.
No obstante, éstas son sólo aquellas agresiones que llegaron a los tribunales y acabaron condenando a sus autores. Según consta en el informe del SAS, en este caso con datos sólo del primer semestre de 2022, el personal sanitario en la provincia notificó un total de 175 agresiones, es decir, una media de casi una diaria.
Del total de ataques en los centros sanitarios, 35 fueron agresiones físicas (un 20%). En realidad hubo más, porque todo lo que no se notifica, no se contabiliza en las estadísticas. Así que, como denuncian los profesionales, estos números son sólo la punta del iceberg.
La provincia de Sevilla sólo es superada en Andalucía por Mála
El SAS ha instalado en los centros de salud de la provincia 611 cámaras de seguridad
ga, donde el primer semestre de 2022 cerró con 187 agresiones. Ambas son las zonas que más plantillas tienen dentro del SAS. De modo que ello puede explicar que, en términos absolutos, encabecen repetidamente el ranking. Sin embargo, según el análisis por tasas, Sevilla es la tercera con menos ataques con una tasa de 8,79 casos por cada 10.000 profesionales. Teniendo en cuenta este parámetro, la peor parada es Huelva con una tasa de 16,30.
El informe del SAS da además un detalle pormenorizado de los recursos para garantizar la seguridad en los centros. En Sevilla hay 611 cámaras de seguridad. Llama la atención que sean bastante menos que en Córdoba, con 694, y Granada, que suma 893. Sin embargo, no es lo más llamativo. En los centros sanitarios de la provincia sevillana sólo se cuenta con 25 interfonos o sistemas de intercomunicación hospitalaria que permite controlar los accesos a un centro sanitario mediante conexión a la centralita de llamadas, casi 20 veces menos que los que tiene Cádiz, por ejemplo, con 467. Por su parte, cuenta con 1.396 salidas alternativas, la medida en la que Sevilla es la mejor dotada; 1.788 softwares antipánico; 2.291 teléfonos; 876 timbres en consultas, 65 timbres en ambulancias y tres alarmas individuales. En esta provincia, según la información de las medidas implantadas hasta el 31 de agosto de 2022, no hay tarjetas magnéticas, como ocurre en Almería y Málaga. Por contra, en Granada, hay 289.