El Gobierno se moviliza para pactar el cambio de la ley del ‘sólo sí es sí’
● El PSOE presentará una proposición en el Congreso que incluirá un aumento de las penas para los agresores sexuales
El Gobierno se moviliza para lograr un acuerdo del PSOE y Podemos, los dos partidos que forman la coalición, que modifique la ley del sólo sí es sí, un cambio que busca mantener en el nuevo texto el foco en el consentimiento de la mujer e impedir la rebaja de las condenas de los presos. La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ausentó del viaje a Marruecos para avanzar las conversaciones, mientras que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, informó de que hasta ayer por la mañana había 327 agresores beneficiados por la aplicación de la norma, en vigor desde octubre.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, destacó ayer que el PSOE y Unidas Podemos están “de acuerdo en dos cosas” para la reforma de la Ley de Violencia Sexual –la ley del sí es sí–, “mantener el consentimiento en el centro de la ley” y “que no se pueden repetir rebajas de penas” a condenados por delitos sexuales.
“Estamos en un momento clave de la negociación”, reconoció el ministro a la prensa después de iniciar una visita a una exposición en la Fundación Ortega-Marañón y ser preguntado sobre la acusación vertida por la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, de que al PSOE le temblaron las piernas y por eso decidió reformar la Ley de Violencia Sexual.
Bolaños señaló que para negociar el texto de la reforma los dos partidos que forman coalición en el Gobierno tienen un acuerdo en esos dos puntos principales y les falta que “los equipos técnicos” trabajen para conseguir “una regulación impecable desde el punto de vista penal”, dijo el ministro de Presidencia en unas declaraciones recogidas por Efe.
De la intención del Gobierno para agilizar la reforma legal habla la ausencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la cumbre hispano-marroquí en Rabat, por asistir a las negociaciones que se están produciendo estos días entre el ala socialista y el de Unidas Podemos.
El PSOE tiene previsto presentar una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para cambiar la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, incluyendo un aumento de las penas para los agresores sexuales y sin modificar el artículo referido al consentimiento de la mujer.
Los socialistas están negociando con Podemos a partir de un documento propuesto por expertos del Ministerio de Justicia que, entre otros aspectos, plantea retomar las penas anteriores a la ley y elevar las mínimas cuando haya violencia o intimidación.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoció ayer “discrepancias” con el PSOE sobre esta reforma relacionadas con el consentimiento, aunque fuentes del Gobierno confían en la pronta llegada del acuerdo.
El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, rechazó ayer que el nuevo texto legal modifique del concepto de consentimiento por ser una parte “intocable” y “elemental” de la norma, tal como avanzó por la mañana el ministro de Presidencia.
Rodríguez, que ayer presentó en Vitoria el avance del Plan Justicia 2030, advirtió de que, pese a los mensajes que se están lanzando en sentido contrario, el Gobierno de coalición que integran el PSOE y Unidas Podemos no se va a “romper” por las diferencias que mantienen ambas formaciones en torno a la forma de dar una solución a los efectos “indeseados” de la ley del solo sí es sí.
El secretario de Estado cifró en 327 el número de agresores que hasta el momento se han visto beneficiados con una reducción de condena por la aplicación de la norma y recordó que lo que plantea el PSOE es reformar la ley, “aumentando las penas por agresión sexual cuando exista violencia o intimidación”.
Rodríguez reconoció que las consecuencias “indeseadas” que está teniendo la aplicación de la ley está generando “preocupación” a la ciudadanía y al propio Gobierno, dijo en unas declaraciones recogidas por Europa Press. El secretario de Estado recordó que la ley estuvo tramitándose en el Congreso de los Diputados durante un año y que, a lo largo de la tramitación, “ninguno” de los 200 diputados que participaron en la votación de la norma y en el estudio de este texto pensaron “en los efectos indeseados” que podría producir la ley.