Madrid recurre al Constitucional el impuesto a las grandes fortunas
● El Gobierno de Díaz Ayuso alega que el tributo estatal “invade competencias fiscales” de las comunidades autónomas
El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso interpuso ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas en el que solicita su suspensión cautelar. El El Gobierno de la Junta de Andalucía también anunció que plantearía un recurso por dicha ley.
Según declaró ayer el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, el tributo estatal ya en vigor “invade las competencias fiscales y financieras” de las comunidades autónomas recogidas en la Constitución. “Va contra el ahorro y la inversión”, señaló en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
El Ejecutivo madrileño denuncia que “el nuevo impuesto suplanta las competencias autonómicas para la gestión de los tributos cedidos, como el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008”. El diseñado por el Gobierno central, a su parecer, “impone una cuota nacional para todas las regiones de régimen común, invadiendo la gestión de las autonomías en la materia, lo que perjudica de manera especial a los contribuyentes madrileños”.
El recurso interpuesto destaca que por este motivo supone “una ruptura de autonomía financiera de las comunidades” ya que afecta a su política fiscal (artículo 156 de la Constitución Española). Además, denuncia que su tramitación se ha llevado a cabo a través de una enmienda en un Proyecto de Ley que “no tenía que ver con este tributo, obviando el procedimiento parlamentario ordinario, sin someterse a consulta pública y sin contar con memoria económica ni dictamen del Consejo de Estado”.
El Gobierno madrileño remarca que esto ha impedido el debate y la presentación de enmiendas al texto “en contra del derecho de representación política consagrado en el artículo 23 de la Constitución”.
El recurso ante el Tribunal Constitucional alerta también sobre el hecho de que el nuevo impuesto “atenta contra la seguridad jurídica, ya que su aplicación tiene efectos retroactivos para todo 2022 a pesar de que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año”.
“Esto supone un grave perjuicio para los ciudadanos que no contaban con soportar esta carga fiscal en ese ejercicio, que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar (confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación) y ahora se van a ver obligados a hacerlo”, argumenta el Ejecutivo.
Simultáneamente, el recurso del Ejecutivo autonómico incide en que “se vulneran los principios de capacidad económica y confiscatoriedad recogidos en el artículo 31.1 de la Constitución”, que señalan que “se contribuirá al sostenimiento de los gastos públicos en función a la capacidad económica” y que “en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.