INFLACIÓN Y PACTO DE RENTAS
EL Gobierno no tiene la culpa de la inf lación, como con frecuencia proclama la oposición. Tampoco el crecimiento excesivo de la demanda, como es habitual cuando el ciclo de la economía discurre por su fase expansiva, aunque la incapacidad de los mercados para dar satisfacción a la demanda de algunos productos también ha contribuido. El origen de la inf lación actual está la oferta y, más concretamente, en la crisis de suministros provocada por la pandemia y en el cierre de la producción y el comercio internacional durante la misma, a la que posteriormente se añadió la guerra de Ucrania. Pero si el gobierno no es culpable de la inf lación, tampoco cabe atribuir a sus políticas económicas que desde el pasado otoño tengamos el nivel más bajo de la Eurozona.
El Gobierno no ha impulsado políticas antiinf lacionistas, entre otras razones porque no tiene mucho margen para hacerlo, pero sí contra sus consecuencias. Si la demanda tuviese mayor inf luencia en la inf lación actual, se combatiría con restricciones monetarias y fiscales que permiten enfriar la economía y reducir las tensiones en los mercados que provocan la escalada de los precios. El gobierno ha hecho lo contrario. Ha concedido ayudas y subvenciones, además de bajar el IVA de algunos productos, con el fin de ayudar a las familias más vulnerables a satisfacer sus necesidades básicas de consumo. Las iniciativas han sido loables e incluso criticadas por insuficientes, pero sus efectos sobre la inflación pueden ser contraproducentes en la medida en que, al mantener el consumo, frenan la relajación de las tensiones por insuficiencia de la oferta en los mercados.
En el caso de España, el componente subyacente de la inf lación (el tendencial o menos volátil) es el que más preocupa porque indica que el problema se incrusta en el aparato productivo y amenaza con activar la espiral precios-salarios. Ocurre cuando los trabajadores exigen el ajuste de los salarios a la inf lación y los empresarios defienden sus márgenes subiendo precios. Una situación compleja y difícil de revertir, para cuyo tratamiento se suele recomendar la política de rentas.
El elemento clave es que todas las rentas que se negocian (pensiones, alquileres, etcétera), pero sobre todo las salariales, han de revisarse, no en base al crecimiento de los precios en el periodo anterior, sino a un objetivo de inf lación inferior en el siguiente. Cada parte ha de asumir su cuota de compromiso. Trabajadores y empresarios en la negociación de salarios y en la fijación de precios, el banco central en la gestión de la política monetaria y el gobierno en su política fiscal y responsabilizándose del objetivo de inf lación. Si las expectativas de los firmanes se ven frustradas por el incumplimiento del mismo, el pacto decae y se desencadena la temida espiral inf lacionista. En todo caso, es poco probable un pacto de renta en año electoral por incompatibilidad con la disciplina fiscal que compromete a los gobernantes a evitar que un aumento excesivo del gasto presione sobre los precios y a que las rentas que gestionan se ajusten a la inf lación pasada. Entre ellas las pensiones, el sueldo de los funcionarios y el salario mínimo interprofesional.