QUIZÁ ES QUIZÁ

QUIZÁ sea una coincidencia afortunada que se haya estrenado el documental sobre el caso Arny justo cuando más está arreciando la polémica sobre la ley del sólo sí es sí de Irene Montero. Todo se olvida muy deprisa, pero algunos nos acordamos de lo que sucedió en aquellos días –y meses y años– de histeria y de chapuzas y de infamias. Yo vi al juez Rico Lara –injustamente acusado por un chapero de participar en una red de prostitución de menores– caminando por la calle sin atreverse a levantar la vista, abrumado por una acusación totalmente arbitraria por culpa de una pésima instrucción judicial y una campaña desatada de histeria en los programas de la telebasura. Estuve a punto de acercarme al juez, simplemente para decirle que creía en su inocencia y que todo el caso Arny me parecía una monstruosidad montada por unos imbéciles, pero me contuve porque pensé que el pobre hombre pensaría que un desconocido iba a atacarle o a insultarle en plena calle. Así que lo dejé pasar, cabizbajo, abrumado, pero con una dignidad contenida, erguido a pesar de todo, como uno imagina a un represaliado de la posguerra caminando frente al Gobierno Civil.

A ese hombre –un juez ejemplar– lo destruyeron las acusaciones disparatadas de unos yonquis que se prostituían

A un juez ejemplar lo destruyeron las acusaciones disparatadas de unos yonquis que se prostituían en un pub

en un pub de mala muerte. Algún día alguien tendría que explicar la cadena de atrocidades jurídicas que hizo posible aquel juicio, que acabó absolviendo a la mayoría de acusados, muchos de los cuales ni siquiera sabían qué puñetas era el pub Arny. El dolor en carne viva que sufrieron, la vergüenza, la humillación pública a que fueron sometidos, eso sólo lo conocen ellos y sus familias (la madre de Jesús Vázquez sufrió tanto que murió de cáncer en medio del juicio). Como es habitual en ese extraño país que llamamos España, nadie pagó por aquello. Más aún, el Consejo General del Poder Judicial suspendió de sus funciones al juez Rico Lara acogiéndose a esa aberración jurídica (y moral) que conocemos como “alarma social”. Por lo visto, la “alarma social” no afectaba a todos los que participaron en la instrucción de un sumario basado en acusaciones falsas, amenazas, intentos de extorsión y todo tipo de miserias humanas.

Convendría recordar todo esto cuando se hacen leyes que se fundan en testimonios tan difíciles de sustanciar como la prueba del sólo sí es sí.