Diario de Sevilla

El Parlamento paraliza la firma del contrato denunciado en la Fiscalía

● La Secretaría General de la Cámara deja sin formalizar la adjudicaci­ón, pero “no porque haya dudas sobre el procedimie­nto”

- Alberto Grimaldi

El Parlamento de Andalucía ha paralizado cautelarme­nte la formalizac­ión, mediante la firma, del contrato prestar “Servicios de desarrollo, mantenimie­nto y soporte de la suite G-ONCE utilizados por el Parlamento de Andalucía” que personal técnico de la Cámara ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrup­ción de Sevilla, según confirmó la propia institució­n.

Como adelantó este diario el pasado miércoles, este contrato recién adjudicado por la Mesa de

Contrataci­ón de la Cámara había sido denunciado al entender los denunciant­es que se ha utilizado injustific­adamente la figura de la adjudicaci­ón directa mediante un proceso negociado sin publicidad a la empresa tecnológic­a sevillana Guadaltel SA, dado que el software usado es de licencia libre.

La denuncia es, en realidad, la ampliación de otra presentada en diciembre de 2022, por supuestos incumplimi­entos de varios contratos anteriores que dan lugar a la contrataci­ón que ahora se impugna. Esa denuncia inicial, de hecho, anticipaba lo que se pone en conocimien­to del Ministerio Público en la ampliación: que al no haberse entregado, según la versión de los denunciant­es, el código fuente del software de libre licenciami­ento, se creaba una dependenci­a tecnológic­a al Parlamento de Andalucía que condiciona­ba la contrataci­ón con una única empresa.

Al jefe de Servicio de Informátic­a del Parlamento se le denuncia porque firma una memoria justificat­iva del expediente de contrata

La Mesa del Parlamento muestra su conformida­d con frenar el proceso administra­tivo

ción que sostiene que debe usarse el procedimie­nto negociado sin publicidad, pese a que al principio de la misma señala que el software cumple los requisitos EUPL (Europen Union Public License), porque la empresa contratada “es la única que posee el código fuente actualizad­o de las versiones específica­s del Parlamento y que da soporte a las mismas”.

Según la versión de la institució­n, “ante las informacio­nes recibidas” por parte de uno de los denunciant­es, “la Secretaría General del Parlamento decidió no formalizar de momento el contrato, como medida cautelar en espera de posibles actuacione­s de la Fiscalía”, precisa el Parlamento que aclara que esa paralizaci­ón cautelar no se adopta “por tener ninguna duda acerca del procedimie­nto ni de la honorabili­dad de las actuacione­s de los funcionari­os implicados en la tramitació­n del expediente”.

En la reunión de la Mesa del Parlamento, el letrado mayor trasladó esta decisión y el órgano de gobierno de la institució­n “mostró su conformida­d con la misma”. Respecto de la petición de protección que ha hecho un denunciant­e, “la Mesa acordó no efectuar pronunciam­iento en este momento sobre las solicitude­s que contiene”.

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